A principio de noviembre se pone a prueba una de las enmiendas de la reforma laboral con la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de los estados y federales.
Esa facultad de impartir justicia laboral se trasladó al Poder Judicial federal y a los respectivos estados, pero ahora en los Centros de Conciliación Laboral y Tribunales Laborales.
El 3 de noviembre se inaugura una nueva manera de impartir justicia laboral y los jueces especializados y litigantes lo harán en distintas fases para dirimir controversias.
Empezarán por los juicios orales; en una primera fase atenderán y resolverán los asuntos individuales, y no deberán rebasar los 45 días.
Aunque es una formalidad para cumplir con la ley la puesta en marcha de los Centros de Conciliación del Poder Judicial, la extinción de las juntas locales de conciliación ocurrirá cuando terminen con el rezago.
De acuerdo con la cifra oficial, más de 39 mil los juicios laborales individuales y colectivos están pendientes por resolver y tendrán que hacerlo con las mismas herramientas jurídicas.
Entre los expedientes colectivos pendientes por resolver se encuentran varias tomas de nota, como la del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap).
De los litigios individuales, una buena cantidad corresponden a los sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de la Federación de Trabajadores de Puebla, el otrora sindicalismo oficial.
Según Leobardo Soto Martínez, la central obrera es preponderante como apoderado legal o titular de 80 por ciento de los contratos colectivos de trabajo en la industria, comercio y servicios del estado.
Sin colores partidistas ni "coyotes" como los que merodeaban en las oficinas de las juntas locales de conciliación, se supone que ahora en la era del gobierno de la 4T la justicia laboral queda en manos de jueces para las respectivas sentencias.
Los juzgadores tendrán plazos específicos para resolver los casos, lo que beneficia a los trabajadores, porque se acaban las estrategias dilatorias de los abogados patronales que prolongaban los juicios mediante argucias, en complicidad con funcionarios de las juntas para doblar a los empleados.
pablo.ruiz@milenio.com
