La ex presidenta municipal de la ciudad de Puebla, la morenista Claudia Rivera Vivanco, está bien y de buenas.
De cara al proceso de la sucesión gubernamental de 2024, parafraseando al Presidente, a este gallo no le han quitado una pluma.
Con el “sabadazo” de la aprobación del Cabildo capitalino respecto a la cuenta pública de 2021 de la ex alcaldesa, aparecen los reclamos pero no hay explicaciones.
Por ejemplo, el gobernador Barbosa hizo una clara alusión a los ex alcaldes Antonio Galia Fayad y Luis Banck Serrano de cabildear a favor de Claudia Rivera para la aprobación de la cuenta pública.
De acuerdo con lo revelado por el mandatario estatal, se trató de un “toma y daca” para que las cuentas de los ex alcaldes no estén sujetas a revisión.
Los aludidos tendrán que responder al señalamiento porque sus respectivos estados financieros han sido aprobados por los cabildos y el Congreso local, salvo que tengan otros datos.
Al margen de las aclaraciones de los involucrados, lo único cierto es que la ex alcaldesa trae una racha positiva, porque ha sido beneficiada por las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y ahora por el Cabildo poblano al avalar su cuenta pública.
Desde hace semanas ha trascendido que al presidente municipal capitalino se le esfumó muy rápido el bono democrático de la elección de junio de 2021 y que también se le acabó la “luna de miel” con el Poder Ejecutivo.
A unos días de asumir el cargo, Eduardo Rivera reportó un déficit de 21 millones de pesos y 107 plazas de base otorgadas por Claudia Rivera, lo que significaba un gasto de 11 mdp de pesos.
Entre otras anomalías le detectaron 448 mdp de compromisos adquiridos de manera anticipada y un pasivo por 54 mdp, lo que generó más de un millar de observaciones al gasto presupuestal.
Llama la atención, entonces, que pese a estos faltantes, el Cabildo de la ciudad capital aprobara los estados financieros.
Con el dictamen del “cabildazo” a favor de la ex candidata a reelegirse, ahora dejan la carga a la Auditoría Superior del Estado, pero con un candado y sin pruebas para los auditores.
A siete meses de asumir el cargo en los 217 ayuntamientos, salvo los alcaldes de Zacatlán y Chignahuapan, el resto guardó silencio respecto al estado en el que recibieron las finanzas de sus municipios.
Pablo Ruiz
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