Atrás quedaron rápidamente los efluvios navideños y apenas llegando al noveno día de año, ya debemos retomar sociedad e instituciones, los desafíos pendientes del año previo y agregar los de un año en el que muchas acciones acabarán por estar condicionadas por el proceso electoral de presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados del Congreso mexiquense e integrantes de los 125 ayuntamientos el 2 de junio.
Ante esto, las y los ciudadanos tenemos que abrir bien los ojos, no evadir la responsabilidad cívica, aquilatar y dimensionar cada acción y resultado logrado por quienes gobiernan y quienes acaben por postularse para cualquiera de los cargos en la contienda de este año. Para acudir a las urnas en el mayor número posible no debería haber pretexto válido, ojalá llegáramos a estar comprometidos a no dejarnos vencer por el abstencionismo.
Entre el cúmulo de promesas que ojalá se cumplan y no por afán electoral, sino por el impacto benéfico que deben tener para la población, arbitrariamente debo reconocer que deseo que obras emblemáticas del Gobierno federal que apresuradamente se inauguraron en 2023 y han evidenciado deficiencias, den noticia por su óptimo funcionamiento, como el Tren Maya, Mexicana de Aviación, la Megafarmacia del Bienestar y la Refinería de Dos Bocas, aunque sea con las metas de refinación súbitamente disminuidas. ¡Ojalá!
Sumado a estos asuntos, creo que no podremos dejar de observar la evolución de las promesas del Presidente -que algunos malpensados creen que solo buscan establecer agenda de campaña, pues no hay condiciones para que prosperen en corto plazo- como la reforma al Poder Judicial federal para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular, o la más reciente, que según ha dicho buscarían mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, al establecer que el salario mínimo nunca tenga incrementos debajo de la inflación y revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, para que mejoren las pensiones de los trabajadores.
Penosamente cuesta asimilar que no hay promesa concreta de reducción de la violencia criminal desatada en diferentes estados del país, pues no se reconoce mayor dimensión al problema y se sigue culpando desde la presidencia a periodistas y medios que propagan historias trágicas de secuestros, extorsiones y muertes y se insiste en establecer un ánimo de optimismo o resignación basado en reducciones mínimas de la estadística criminal.
En el Estado de México, a un mes del enfrentamiento de pobladores de la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, donde 14 personas murieron y aún permanecen 14 más desaparecidas según datos de la Fiscalía mexiquense, con todo y el esfuerzo de este gobierno por echar a andar sus estrategias de transformación, no parece haber promesa más importante que el combate a la extorsión y la reducción de los grupos criminales que hicieron de ésta su actividad preponderante.
Ojalá que haya éxito en el rescate de la libertad y la economía que han sido secuestradas y cancelaron a mucha gente la oportunidad de ejercer un modo honesto de vivir. Por ahí pasa también la posibilidad de desarrollar un proceso electoral sin injerencia criminal, como lo prometieron las autoridades el pasado viernes. Vamos a ver de qué se puede echar mano para conseguirlo.
