Miles de integrantes del Poder Judicial marcharon este fin de semana para defender 13 fideicomisos que Morena, por instrucción de Palacio Nacional, pretende extinguir. De concretarse la tarea, podría resultar, efectivamente, un atropello contra los trabajadores; pero también es necesario decir que los alrededor de 15 mil millones de pesos que en ellos se acumulan no se utilizan de la manera más regular posible, al menos eso advirtió la Auditoría Superior de la Federación desde inicios de sexenio.
Entre los fideicomisos que la 4T plantea desaparecer, los más importantes y polémicos son el “80688-Plan de Prestaciones Médicas”; el “80690-Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo”; el “80691-Pensiones Complementarias para Mandos Superiores”; el “80692-Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados”; el “80693-Mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces”, y el “80694-Apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
De acuerdo con los reportes de la ASF, en específico el 2018-0-03100-19-0003-2019, los mencionados fondos no se estaban destinando a lo que deberían, pues las prestaciones que ahora buscan defender los trabajadores del PJF se cubrían con gasto corriente, es decir, con los recursos que se le asignan en el presupuesto anual desde el gobierno.
El tema no se había estallado porque en el Consejo de la Judicatura Federal despacha como titular de la Contraloría Arely Gómez, procuradora general de la República con Enrique Peña Nieto, mientras que como mano derecha del auditor superior, David Colmenares, labora Eber Omar Betanzos, titular de la Unidad Técnica en el órgano dependiente del Congreso de la Unión.
Coincidencia: Betanzos fue subalterno de Arely Gómez en los puestos que desempeñó el pasado sexenio (en la PGR como subprocurador de Derechos Humanos y en la Secretaría de la Función Pública como subsecretario).
Palabras clave
Desde el CJF se cabildeó para evitar que el presunto manejo irregular de los dineros del Poder Judicial se volviera un problema, pero el presidente López Obrador tuvo acceso a la auditoría en la que se expone y ahí surgió la decisión de extinguirlos para que el gobierno pudiera reasignarlos a otros fines.
