La maternidad puede ser una experiencia significativa cuando se ejerce con acompañamiento y respeto a los derechos de las mujeres; sin embargo, miles enfrentan durante el embarazo, parto y puerperio prácticas de violencia obstétrica como la falta de información, la humillación verbal, negación de anestesia, separación injustificada del recién nacido hasta la medicalización excesiva, esterilización y procedimientos sin consentimiento. Violencias que siguen siendo normalizadas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, el 25.4 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años, que tuvieron su último parto entre 2016 y 2021, reportaron haber sufrido algún tipo de maltrato obstétrico. Esto representa casi 55 mil mujeres en el país. En Tamaulipas, más del 72 por ciento de las mujeres atendidas en centros de salud reportaron haber sido víctimas de violencia obstétrica; la proporción fue de 42 por ciento entre quienes acudieron al ISSSTE y de 33.9 por ciento entre las usuarias del IMSS.
Esta problemática no es resultado de un hecho aislado, sino de una cultura institucional arraigada en el ámbito hospitalario, donde predomina un “habitus” arbitrario que se manifiesta, en primer término, en el maltrato y abuso hacia internos y residentes, y que posteriormente se reproduce en el trato hacia las y los pacientes.
Mientras las prácticas educativas en los hospitales se transforman y se alinean con el respeto a los derechos de sus estudiantes, es necesario garantizar la protección de las mujeres y personas gestantes. Con este propósito, la semana pasada, el Congreso local recibió la iniciativa del diputado morenista Víctor Manuel García Fuentes, la cual atiende al vacío normativo local reformando la Ley de Salud del Estado de Tamaulipas y la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Si bien esta iniciativa representa un importante avance para garantizar el derecho a la salud y a recibir servicios médicos de calidad, si no se acompaña de cambios profundos en la formación profesional, en los protocolos de atención y en los mecanismos de supervisión, existe el riesgo de que la violencia continúe reproduciéndose bajo nuevas formas.
En la iniciativa se propone que la Secretaría de Salud deberá emitir protocolos técnicos para la atención respetuosa del embarazo, parto y puerperio, los cuales deberán encontrarse armonizados con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y deberán incluir herramientas de consentimiento informado, manejo del dolor, criterios de intervención obstétrica y rutas de remisión y contrarreferencia.
Además, para el personal se deberán garantizar procesos permanentes de capacitación en parto humanizado, perspectiva de género, derechos humanos y comunicación empática para el personal que participe en la atención obstétrica, bajo los esquemas de actualización y mejora continua que establezca la Secretaría de Salud.
Por ello, erradicar la violencia obstétrica implica modificar los abusos normalizados y ese “habitus” autoritario que parece intrínseco al sector salud, a fin de que la sala de partos deje de ser escenario de exhibición de jerarquías y violencias basadas en el poder.
