La iniciativa legislativa que plantea la creación de un “Colegio de Periodistas” con facultades para emitir “recomendaciones éticas” y “extrañamientos públicos” está en la capilla de la polémica.
A lo largo de la historia, en nombre de la ética y la moral, las penitencias lejos de fortalecer la libertad han terminado por restringirla. Aquí se inscribe la “Liga de la Decencia”, organización que calificaba contenidos bajo criterios morales y promovía el rechazo público, generando un entorno donde la autocensura, a la postre, se convirtió en regla.
Hoy, en Tamaulipas, la iniciativa de la diputada Cynthia Jaime Castillo propone crear un “Colegio de Periodistas” y reabre un debate que parecía superado: ¿Quién tiene la facultad de definir los límites de lo ético en el ejercicio periodístico? ¿A caso no existen tipos penales suficientes para inhibir conductas delictivas y, en su caso, garantizar el acceso a la justicia a las víctimas?
A primera vista, la propuesta parece loable. Hablar de ética periodística en tiempos de infodemia no sólo es pertinente, sino necesario. Una democracia demanda pilares como altos estándares profesionales, responsabilidad social de los medios y compromiso con la verdad. Sin embargo, el cómo construir estos pilares también importa.
Por ello, las “recomendaciones éticas” y los “extrañamientos públicos”, guardadas las proporciones, nos recuerdan a la llamada “Liga de la Decencia”, un grupo vigilante de la moral y los actos políticamente correctos, que colocó un taparrabos a la “Diana Cazadora”.
Si bien, tanto la “Liga de la Decencia” como el propuesto “Colegio de Periodistas” no censuran directamente, sí condicionan, exhiben y generan presión social sobre quienes ejercen el periodismo, al transformar la ética en un instrumento de sanción reputacional.
La libertad de expresión requiere de condiciones que permitan ejercerla plenamente, sin temor a represalias simbólicas o institucionales. Cuando un órgano puede “evaluar” públicamente el trabajo periodístico bajo criterios ambiguos, se abre la puerta a visiones particulares que pudieran inhibir otras voces críticas, especialmente en contextos donde el poder político tiene incentivos para controlar la narrativa pública.
Además, el posicionamiento de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas introduce una dimensión indispensable: la perspectiva de género. Clave para analizar el momento histórico en el que se presenta la iniciativa, así como el entorno donde las mujeres periodistas enfrentan, con frecuencia, campañas de desprestigio, acoso digital y cuestionamientos a su credibilidad. Por lo que, “extrañamientos públicos” y “recomendaciones éticas”, lejos de protegerlas, podría amplificar las dinámicas que históricamente han buscado silenciarlas.
El periodismo, por definición, está llamado a incomodar al poder. Someterlo a instancias que cuestionen las opiniones e impongan su ética y moral, implica alterar su naturaleza.
Avanzar en propuestas de esta naturaleza, sin duda, requieren de un ejercicio de parlamento abierto. La ética periodística se construye desde la práctica profesional, la autorregulación genuina y el debate entre pares, no por decreto de la “Liga de la Decencia”.
