Hablar de igualdad en un gobierno de la Cuarta Transformación es hablar de humanismo y justicia social, sus principales banderas; sin embargo, estos principios sólo cobran sentido cuando se traducen en políticas públicas orientadas a desmontar las estructuras del sistema económico que producen desigualdades y violencias.
Desde esta perspectiva, la igualdad sustantiva no se logra solo con acciones que reconozcan y atiendan las desigualdades históricas. Requiere construir condiciones concretas de justicia, ajustar políticas, recursos y estrategias orientadas a eliminar las barreras estructurales para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y el acceso real a las mismas oportunidades.
Bajo esta premisa, y a partir de lo informado por Américo Villarreal Anaya en su Cuarto Informe de Gobierno en materia de igualdad y empoderamiento de las mujeres, resulta pertinente cuestionar si estamos ante una política orientada a la transformación estructural y la igualdad sustantiva o solo frente a un gran conjunto de acciones.
Si bien el gobierno de Villarreal Anaya, desde su inicio, ha acertado en implementar una estrategia integral de empoderamiento femenino que reconoce la violencia de género como un problema de salud pública y derechos humanos, favoreciendo una intervención más integral y preventiva, es pertinente revisar lo recién informado.
Entre las principales acciones realizadas, se realizaron 55 mil 898 tamizajes que permitieron identificar y atender a 2 mil 613 mujeres en posible situación de violencia. Esta atención multidisciplinaria reporta 7 mil 769 consultas psicológicas brindadas a 2 mil 259 mujeres, integrando servicios médicos, jurídicos y sociales. Además, a través de los Centros LIBRE, con una inversión de más de 26.5 millones de pesos, se otorgaron 16 mil 472 servicios en beneficio de 3 mil 348 personas.
Las Casas Violeta atendieron a 537 mujeres, proporcionando 4 mil 348 servicios con una inversión de más de 5 millones de pesos, incluyendo refugio temporal, atención psicológica y asesoría jurídica.
En materia de prevención, se invirtieron casi nueve millones de pesos para beneficiar a 43 mil 706 personas mediante talleres, capacitaciones y acciones comunitarias.
Asimismo, se promovieron relaciones saludables mediante pláticas prematrimoniales, alcanzando a 16 mil 034 personas; se capacitó a 8 mil 583 personas en perspectiva de género con una inversión de más de ocho millones de pesos y se implementó una campaña digital estatal, con una inversión de 350 mil pesos, con un impacto en más de 1.1 millones de personas, fortaleciendo la sensibilización social sobre la violencia de género y los derechos de las mujeres.
Datos que evidencian mucho trabajo. Sin embargo, para evaluar la transformación de las estructuras que generan desigualdades, es necesario contar con indicadores de resultados que permitan medir su impacto.
Sin esa información, no es posible saber si disminuyó la reincidencia de la violencia o si mejoró la autonomía económica de las mujeres. En consecuencia, existe el riesgo de confundir la cantidad de acciones con verdaderas transformaciones estructurales. Este es, sin duda, el gran desafío para medir el avance hacia la igualdad.
