Esta semana se dio a conocer el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 por parte del PNUD: “Democracias bajo Presión”. Allí se sostiene que persiste la evidencia de que la democracia impulsa el progreso. Por otro lado, de su medición deriva que América Latina y el Caribe son la región en desarrollo con mejores niveles democráticos.
Deberíamos poder decir entonces que nuestro subcontinente se encuentra en vías claras de abatir la pobreza y la desigualdad… pero esto no es así. Ello se debe en gran medida a lo que pudiéramos llamar las trampas de la representación.
La sola celebración de elecciones periódicas con estándares básicos de credibilidad no garantiza por sí sola el estar en presencia de regímenes democráticos. Para que puedan ser considerados como tales deben garantizar mecanismos de sistematización de las problemáticas públicas y propuestas programáticas para su solución. Eso implica, primeramente, capacidad para todos los grupos sociales de hacerse escuchar y de que sus agendas sean consideradas. Al no ser así se reduce la capacidad de las agendas político ideológicas de integrar a la ciudadanía en torno a ellas y, por lo tanto, la democracia falla en su capacidad de regular el conflicto político social. Cuando la ciudadanía no ve que sus preocupaciones estén siendo consideradas, mucho menos atendidas por alguna de las ofertas políticas vigentes, es altamente probable que se autoexcluya del proceso participativo o que, incluso, se convierta en un jugador externo a las reglas “democráticas” pactadas, buscando acceder al poder por otras vías.
Así, como una serpiente que se muerde la cola, quienes abusan de las instituciones democráticas para a través de ellas legitimar decisiones y políticas que les benefician, lo que están haciendo es dinamitar las vías de solución pacífica de las tensiones generadas por la desigualdad, es decir, cortando la rama en la que se encuentran sentados.
Y en este sentido, qué falta hacen partidos políticos sólidos, capaces de agregar intereses, sumar voluntades, construir agendas y proponer política pública para, desde la arena democrática construir, ahora sí, sociedades más justas.
