De acuerdo con algunos portales especializados, la Zona Metropolitana de Monterrey ocupa el cuarto lugar en intentos de fraudes inmobiliarios, algunos de los cuales se han detectado y bloqueado a tiempo por fortuna para las personas perjudicadas.
El estudio realizado por esos sitios indica que desafortunadamente van en aumento con respecto a los años anteriores, tanto en renta como adquisición de casas o departamentos, y ejemplos en nuestro estado hay de sobra.
Sobre las principales formas de fraude van desde apartados, propiedad inexistente, preventas sin documentos, obras que no se concluyen, pagos indebidos, doble venta, hipotecas fraudulentas de terrenos, etcétera.
El caso más reciente es el de Proyectos 9, donde sus directivos han sido vinculados a proceso, pues el daño a los compradores supera los 700 millones de pesos y se refiere a complejos habitacionales en los municipios de San Pedro y Monterrey.
Para muestra otro botón. Existe un edificio de departamentos ubicado por Rangel Frías y Lincoln denominado KYO Hometown, donde algunos compradores denuncian que todavía no les entregan sus documentos por un problema legal que les impide escriturar.
Son más de 60 personas que viven en la incertidumbre, porque a pesar de haber entregado anticipos de cientos de miles de pesos siguen en el limbo, pues en el banco les aseguran que la inmobiliaria debe solventar primero ese adeudo, para continuar con el proceso hasta llegar al Registro Público de la Propiedad.
Lo peor del caso es que los asesores de KYO Hometown les dan puras evasivas y los afectados ya están organizándose para acudir ante las autoridades, pues temen que se trate de un fraude similar a otros ya divulgados en los medios de información.
Actualmente en esa torre de departamentos viven alrededor de 30 familias, a quienes les dieron posesión hace meses, pero todavía no les entregan las amenidades, y a consecuencia de la disputa por un supuesto fideicomiso se quedaron sin seguridad y sin servicio de limpieza.
Hasta ahora los clientes han tenido paciencia, pero ante la negativa y el mal trato de los empleados, ya comienzan a desesperarse y están planeando presentar su denuncia formal ante la Fiscalía de Justicia o ante las instancias correspondientes.
Lo que KYO Hometown e inversionistas deben entender es que para la mayoría de las personas involucradas es el patrimonio de su vida, y no están dispuestas a perderlo sin luchar ante cualquier instancia judicial o mediática.
