Pareciera ser el grito de nuestros tiempos ahora que existe un partido hegemónico y la firme intención de desaparecer los organismos autónomos y en aras de la austeridad mal entendida se busca desaparecer a nivel nacional los órganos garantes de la transparencia parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y aunque suene fatalista la verdad es que todo el entramado que supone este sistema al final encontró los vericuetos y las resistencias necesarias para no operar y facilitar a quienes hoy toman este tipo de decisiones simplemente voltear y decir: ¿Ven que teníamos razón? ¡La corrupción nunca se fue!
En efecto y uno de los hechos que le da el tiro de gracia a estos esfuerzos es la simulada creación de las fiscalías anticorrupción del país y digo simuladas porque la gran mayoría no contaban con las herramientas ni el personal necesario para atender las denuncias por corrupción que requerían por ejemplo peritos especializados en contabilidad, grafoscopía, y otras disciplinas necesarias y que en su lugar se les dotó de escasos recursos justo para no cumplir con su cometido.
Y no digamos en el tema de denuncias que la gran mayoría de los ciudadanos deciden omitir, de acuerdo al Inegi 6 de cada 10 ciudadanos son víctima de actos de corrupción y el principal funcionario al que se enfrentan es a los que ejercen las labores de seguridad. Pero más terrible aún es que sólo 4.8% de los ciudadanos deciden denunciar actos de corrupción ¿Por qué? porque lo consideran una pérdida de tiempo.
De esta manera castigar actos de corrupción se convierte en un asunto más bien político que real, pues tras las rejas o sujetos a procesos están los grandes enemigos del sistema o los casos que por presiones mediáticas se han hecho públicos y se les ha dado puntual seguimiento de otra manera ni nos enteramos de su existencia. Simulamos en México combatir la corrupción y el camino que iniciamos es hacia el descaro total, pues si de plano no se hace como para qué estamos jugando a que sí lo hacemos.
¿El resultado? 69 mil carpetas de investigación iniciadas en 6 años por las fiscalías anticorrupción del país, 600 órdenes de aprehensión conseguidas, 500 vinculaciones a proceso y sólo… ¡200 sentencias!
