Me pareció sumamente interesante un documento que circuló hace unos días realizado por el Proyecto de Datos sobre Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED por sus siglas en inglés) denominado “Índice de gravedad de conflictos de ACLED. Una nueva medida de las complejidades de los conflictos”.
Y es que realizan un razonamiento del porqué la violencia no cede en países como México que “está plagado de un nexo de violencia político-criminal que generó la mayor cantidad de ataques contra civiles en el mundo en 2022, y que carece de una solución política o militar de seguridad clara” señala el documento. Situación sumamente preocupante, pues todo parece indicar que este sexenio terminará con un número superior de fallecidos por la violencia generada por los grupos delincuenciales respecto a los que le antecedieron.
El análisis expone que uno de los aspectos que tiene a nuestro país metido en el conflicto en que está es debido a que, a menudo se comparte o se cede el control a ambiciones de los criminales “que a veces se entrelazan con motivos políticos para controlar a los funcionarios, territorios y poblaciones”.
De este modo los grupos de delincuentes logran el control de actividades de diversos tipos que incluyen comercio, seguridad, mediante ofrecimiento de protección a cambio de dinero, lo que deja a las comunidades “expuestas a una amenaza constante de violencia por parte de grupos no estatales que están respaldados o sancionados por el Estado y otras élites, o disfrutan de impunidad por sus acciones”.
Así, en esta última aseveración encontramos frases clave: constante violencia, respaldo del Estado, disfrute de impunidad, que genera que el conflicto entre grupos armados y de estos con la autoridad “no es una ruptura de la gobernabilidad sino una competencia por la autoridad y el control políticos”.
Lo preocupante es que hoy no se ve en el horizonte una política clara y eficaz para acabar con estas inercias de antaño.
Miguel Ángel Puértolas
miguel.puertolas@milenio.com
