Era la tarde del 28 de julio de 2022, tres agentes de investigación criminal llegaron a una casa de la colonia Emiliano Zapata a procesar una escena del crimen en donde se habían dejado restos humanos, lo que no sabían es que todo estaba preparado para causarles la muerte.
Un grupo de la delincuencia organizada había instalado en el interior cámaras para grabar el momento en que detonaron a distancia explosivos que habían colocado con la finalidad de hacer daño a los tres peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, un ataque directo contra personas cuyo trabajo es el de perseguir a los delincuentes, dar con ellos y llevarlos ante la justicia.
Las lesiones fueron de gravedad y evidentemente las familias de los agentes de no contar con el apoyo de la institución habrían quedado desamparadas, como lo habría sido en decenas de casos documentados de agentes de la Fiscalía que han perdido la vida haciendo eso que claman los ciudadanos, llevar a los criminales ante las autoridades competentes para que se haga justicia.
¿Hay dinero que compense arriesgar la vida y en muchos casos perderla para buscar hacer realidad el anhelado sueño de alcanzar la paz? ¿Cuánto es suficiente para compensar lesiones que dejen de por vida a una persona postrada en una silla de ruedas o en cama cuando su labor era perseguir a los delincuentes? ¿Cuál es el precio que debe pagarse a las familias de quien decidió ofrendar su vida en aras de la justicia?
Escribo esto tras conocer a detalle el Acuerdo 1/2024-FGEG que es una adición al Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato denominado Sistema Complementario de Seguridad Social donde se busca el trato digno que merecen todos aquellos involucrados en el delicado proceso de procurar justicia.
El acuerdo contempla “por lo menos” gastos funerarios, becas o apoyos educativos; así como apoyos en gastos médicos y /o psicológicos cuando se sufran lesiones sólo con motivo del ejercicio de sus funciones, también un seguro en caso de fallecimiento o invalidez. Pero además el artículo 447 deja en claro que todo esto se concederá siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal “y de conformidad con la normativa y los requisitos correspondientes para su procedencia y actualización”.
Dentro de este acuerdo ha despertado una serie de críticas dos apartados, uno contenido en el Artículo 449 denominado Apoyo complementario de seguridad social al término de servicio por jubilación o vejez y el 450 Gratificación por fidelidad al término del cargo.
El primero se trata de una compensación para todos los trabajadores de la Fiscalía que busca darles más allá de una pensión justa que en este caso no puede exceder el 50% de lo que percibían mientras laboraban. Y en este punto me pregunto ¿cuántos entre los críticos de este acuerdo aplaudieron que el Presidente López Obrador hablara del 100% del salario como pensión para todos los mexicanos?
La segunda prestación lo que busca es justo eso, crear entre el personal de la Fiscalía ese sentimiento de pertenencia y de orgullo de servir a los ciudadanos en las tareas que se le encomiendan que llevan como parte de los riesgos laborales la invalidez y la muerte.
Hay que recordar que la Fiscalía es un organismo que cuenta con autonomía funcional, presupuestal, de gestión y decisoria plena en la materia que le corresponde, y que no se encuentra subordinada a ninguno de los tres órganos locales de gobierno; pero que se ajusta a una legislación en la que no interviene nadie más que el Poder Legislativo, por lo que todo aquello que resulte fuera de la legislación vigente se tornaría en una violación a esta y en la comisión de un delito, lo cual terminaría con el prestigio de la institución aquí mencionada.
Habrá que mencionar que, como responsable de su presupuesto, el esquema mencionado depende del recurso con que cuente la Fiscalía, lo que lleva a que quien esté de responsable de la FGE, es decir el fiscal en turno deberá velar por una administración eficiente del dinero con que cuente para garantizar la entrega de estas prestaciones, de lo contrario el mismo acuerdo señala que podrían no otorgarse.
Además es muy claro que quien concluya la relación laboral con este órgano jurisdiccional “por causas imputables o reprochables a la persona servidora pública” no tendrá acceso a estos beneficios, lo que lleva al servidor para garantizar el futuro de su familia a tener un comportamiento honesto y dentro de la ley para su propio beneficio.
Ojalá todos pensaran de esta manera, incluyendo la Iniciativa Privada, dar valor a quienes colaboran en una causa como el procurar justicia no tiene precio.
O ¿cuánto vale su vida?
