Más preocupados por la piel sensible de sus líderes que por legislar asuntos que en verdad afectan a los ciudadanos, resulta que a la bancada de Morena en San Lázaro se le ocurrió que era buena idea aprobar un dictamen que plantea actualizar las multas en la Ley sobre Delitos de Imprenta con lo que insultar al Presidente de México en lugar de costarle 100 pesitos le podría salir en más de 4 mil.
La idea se le atribuye a la la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, autora de la iniciativa de “actualización” de sanciones a quien se le ocurra injuriar al jefe del Ejecutivo y es que el problema no es que se sancionen las ofensas a la investidura presidencial, sino qué parámetros se tomarán en cuenta para definir lo que es una ofensa o un tema de libertad de expresión.
Y ahí es donde tenemos un gran problema, pues asuntos como este en los que parece que las críticas son tomadas no como una oportunidad para cambiar el rumbo y mejorar sino como una ofensa llevan a acciones que lo único que buscan es limitar la opinión, y evitar a toda costa ciudadanos informados que cuestionen las acciones de gobierno.
Otro claro ejemplo es la propuesta de reforma a la Ley de Comunicación Social, otro brillante ejemplo de que no importa lo que tenga que hacerse, así pase por encima de la Constitución, pero lo importante es limitar el acceso de los medios a las herramientas y recursos necesarios para ejercer su labor. Esa es justo la intención del partido en el poder, la verdadera mafia que hoy de manera velada busca sancionar toda expresión contraria.
Esta indudablemente no es la forma en la que un gobierno de avanzada debe actuar, otro ejemplo más de que su mal llamada cuarta transformación solo ha significado un retroceso en miles de temas, que si bien es cierto, no tenemos mucho de qué enorgullecernos de regímenes anteriores, este no está dando nada para pensar que algo cambió.
Miguel Ángel Puértolas
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