Y el plan B, que ha sido frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parece ser que tendrá el mismo futuro que las oscuras intenciones de entregar lo que debiera ser un cuerpo policial civil y no militar de carrera a la Secretaría de la Defensa Nacional, muy a pesar de quienes lo integran en su mayoría, militares.
Ayer, de los once ministros que conforman el máximo tribunal constitucional del país, tres, los identificados con simpatía y algunas veces con sumisión al Poder Ejecutivo votaron en contra del proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara que propuso inconstitucional la ley impugnada por la minoría en la Cámara de Senadores, que buscaba entregar a la Sedena la Guardia Nacional.
Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, fueron los ministros que se opusieron a declarar inconstitucional la intención del Ejecutivo de dejar bajo la tutela del ejército a policías que debieran tener una formación civil y no militar con argumentos tan indefendibles como el decir que el comandante de la Guardia Nacional no puede ser un militar en activo, lo cual no garantiza nada al tiempo que reconoce que lo conforman policías militares entrenados para ser policías, lo cual está a discusión.
Pareciera ser, y esa es la gran apuesta, que el intento del plan B del presidente tendrá el mismo destino, la declaración de inconstitucionalidad siempre y cuando el sentido del voto en contra de esta reforma electoral cuente con el respaldo de los ministros que votaron a favor del proyecto de González Alcántara.
Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y la presidenta de la Corte, Norma Piña, ya veremos a quién le tendrá que pedir cuentas el ciudadano.
