En México, el delito que atenta contra el bien jurídico más importante que protege el Estado como es la vida sigue castigándose con una lentitud alarmante. El homicidio representa hoy la principal causa de internamiento en las cárceles estatales de ocho de cada diez entidades del país con casi 50 mil personas vinculadas a este delito de acuerdo con el Censo del Sistema Penitenciario dado a conocer la semana pasada por el Inegi.
La cifra, por sí misma, habla de la dimensión de la violencia que se ha vivido en el país, pero si nos asomamos a los procesos judiciales apenas el 53.9 por ciento de las personas encarceladas por homicidio cuenta con una sentencia.
Dicho de otra manera: prácticamente uno de cada dos expedientes aún no llega a una resolución judicial firme y miles de familias esperan justicia mientras miles de procesos continúan atrapados en un sistema que parece incapaz de resolver con la velocidad que exige el delito más grave previsto por la ley.
La impunidad suele medirse por los homicidios que nunca se esclarecen, por las carpetas que jamás encuentran a un responsable o por los asesinos que nunca son detenidos. Pero existe otra forma de impunidad, menos visible y quizá igual de peligrosa: aquella que comienza cuando el probable responsable ya fue detenido, ya está en prisión y, aún así, el Estado no logra concluir el proceso penal.
La justicia tardía también es una forma de injusticia pues cada expediente sin sentencia representa una víctima que sigue esperando una respuesta institucional y un acusado cuyo proceso permanece inconcluso durante años. Ninguno de los dos escenarios fortalece el Estado de derecho en un escenario donde la incertidumbre termina sustituyendo a la justicia.
Las enormes diferencias entre entidades confirman que el problema no es exclusivamente legal, sino institucional. Mientras algunos estados consiguen sentenciar a ocho de cada diez personas privadas de la libertad por homicidio, otros apenas alcanzan tres de cada diez. La ley es la misma; lo que cambia es la capacidad para investigar, integrar pruebas, sostener las acusaciones y emitir resoluciones.
Durante años, el debate sobre seguridad se ha concentrado en el número de patrullas, de cámaras, de operativos o de detenciones. Sin dejar de lado el insistente discurso de atención a las causas, todo muy importante, pero insuficiente. La verdadera eficacia de un sistema penal no se mide por cuántas personas llegan a prisión, sino por cuántos casos concluyen con una sentencia en el sentido que sea, obtenida mediante un debido proceso.
Si casi la mitad de los procesos por homicidio permanece sin una resolución judicial firme, el mensaje es inquietante y no basta con detener a un presunto responsable; hay que demostrar su responsabilidad o su inocencia ante un juez.
Esto sucede con el homicidio… imagine con el resto de los delitos y de la cifra negra mejor ni hablar esos nunca verán un juicio.
