Uno de los mayores riesgos para Hidalgo ahora que comienza a mostrar señales de mayor dinamismo en inversión pública y privada no es crecer demasiado rápido, sino crecer sin una ruta que permita sostener ese crecimiento durante los próximos 10, 15 o 20 años pues una entidad no se transforma por la suma de buenos gobiernos, sino por la capacidad de construir políticas públicas que sobrevivan a éstos.
El gran problema es que cada seis años llega una nueva administración, se presenta un nuevo Plan Estatal de Desarrollo, se cambian prioridades, se modifican programas, se rebautizan proyectos y, en demasiadas ocasiones, se vuelve a explicar que ahora sí se encontró el camino correcto; el resultado es que buena parte de la experiencia acumulada termina archivada junto con el gobierno anterior.
Es importante aprovechar el momento que se vive para construir un proyecto de desarrollo de largo plazo que no pertenezca al gobernador en turno, sino al estado; un plan transexenal, con objetivos para cuando menos las próximas dos o tres administraciones, que pueda ser actualizado conforme cambien las condiciones, pero que no pueda ser desechado por razones políticas.
Un gobierno necesita resolver lo urgente; un estado necesita saber hacia dónde quiere llegar y la planeación estratégica plantea precisamente esa diferencia: mientras el corto plazo atiende asuntos operativos y coyunturales, el largo plazo debe concentrarse en transformaciones estructurales, con horizontes de entre 10 y 30 años y revisiones periódicas para adaptarse a escenarios que inevitablemente cambiarán.
Un plan de largo plazo no tendría que convertirse en una camisa de fuerza para los siguientes gobernadores. Al contrario, debería establecer grandes objetivos y permitir que cada administración determine cómo avanzar en ellos, siempre que respete las metas y pueda demostrar qué cambió. Ahí es importante la medición de indicadores que revelen no solo los triunfos sino también las áreas de oportunidad a mediano y largo plazo.
Así la actualización tendría que ser parte del propio modelo pues si una política funciona, se fortalece; si no funciona, se modifica; si aparece un nuevo problema, se incorpora; si una meta queda superada, se eleva. Lo que no tendría sentido es borrar cada seis años todo lo anterior para presentar como novedad lo que ya se había diagnosticado.
Pero hay una segunda amenaza, quizá todavía más grave que la tentación de inventar el hilo negro cada sexenio: elaborar planes extraordinarios que nunca reciben el dinero necesario para ejecutarse.
En la administración pública existe una especie de cementerio de grandes ideas formado por diagnósticos, programas y proyectos que terminaron convertidos en documentos o elefantes blancos porque nunca tuvieron respaldo presupuestal un plan de largo plazo solamente puede ser vinculante y viable si está acompañado por una arquitectura financiera que traduzca sus objetivos en recursos.
No basta con preguntarse cuánto dinero tendrá el estado el próximo año. Hay que saber cuánto costará alcanzar las metas estratégicas y cómo se financiarán durante varios ejercicios fiscales. El verdadero salto de Hidalgo no estará solamente en atraer inversiones; estará en demostrar que tiene la capacidad institucional para convertirlas en desarrollo sostenido.
