Asesinos con uniforme

Hace 12 años, el 19 de marzo de 2010, Javier Arredondo y Jorge Mercado, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, fueron baleados cuando salían de su propia universidad durante un enfrentamiento en la avenida Eugenio Garza Sada, frente al campus del centro de estudios.

Al día siguiente de los hechos se reportó que ningún estudiante, ni miembro de la comunidad universitaria había sido lesionado, sin embargo detrás de este hecho ocurrió que militares no sólo fueron los que les dispararon sino que además les sembraron armas y les quitaron sus identificaciones haciéndolos pasar por delincuentes.

Nunca se supo de los verdaderos responsables, en algún momento se habló de la detención del mando que iba al frente de la patrulla militar responsable de la muerte de los jóvenes, ambos al igual que el caso de Ángel Yael, estudiantes de excelente promedio, hijos de buen comportamiento y con expediente intachable.

Diez años después, con la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano no solo reconoció la participación del Ejército, sino que ofreció disculpas públicas a los familiares de los estudiantes.

“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos en el marco del uso excesivo de la fuerza por el que fueron privados de la vida sus hijos”, dijo a los padres de las víctimas la entonces titular de la Secretaría de Gobernación y hoy senadora de la república, Olga Sánchez Cordero.

También en ese acto en 2019 reconoció también por primera vez la manipulación de los hechos y la ocultación de evidencias que rodearon el asesinato y reconoció, además, el valor de los familiares como figuras clave para que se aclarara aquel lamentable suceso.

Ese fue el actuar del Gobierno Federal, en respuesta a un hecho ocurrido durante el sexenio de Felipe Calderón… la pregunta es ¿habrá un actuar similar ahora que ocurrió la muerte de Ángel Yael en Irapuato? ojalá que no prevalezca de nuevo el ocultamiento de pruebas y manipulación de hechos para salvar la imagen de una corporación creada por la 4T.

Eso ocurre cuando se militarizan las corporaciones de seguridad pública.