Los ataques recientes a la sociedad en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, así como la protesta violenta de la población en San José del Rincón, cerca de la Capital Mexiquense, han mostrado el salto que ha dado parte de la delincuencia al terrorismo, y la reacción ciudadana de intolerancia a la pasividad de las autoridades. La inseguridad se transforma en un impuesto de la delincuencia.
El Presidente López Obrador lamentó y condenó el ataque a la población civil que dejó 11 personas asesinadas, vehículos, transportes públicos y negocios incinerados, bloquearon carreteras y vías principales, “como si se tratara de una represalia”.
En contraste, el absurdo: la presidenta municipal de Tijuana demanda a la delincuencia: “Cóbrenle nada más a quienes no les han pagado. No nos ataquen a todos, a quienes sí les cumplimos.” Pues ¿cómo entiende esta presidenta su obligación de gobernante?
Mientras, mi estimado paisano, Paco Cervantes, directivo del Consejo Coordinador Empresarial, y otros dirigentes empresariales hicieron un llamado al gobierno para el restablecimiento de las condiciones de seguridad para el funcionamiento de los comercios. Aunque se pretenda negar, la realidad es terca, por todas partes se escuchan las quejas de extorsión por un “impuesto ilegal” de la delincuencia.
La encuesta de expectativas del Banco de México señala, al cierre de julio, que los problemas de gobernanza muestran un 39% de riesgo, lo que se considera el mayor obstáculo para el crecimiento económico y la generación de empleos, aún por arriba de la inflación y las condiciones económicas internas y externas. La inseguridad pública es el mayor riesgo para las actividades económicas y productivas en buena parte del país.
Nada detiene a los agresores contra la población. Ningún llamado presidencial ha sido escuchado, ni atendido, ni siquiera por razones humanitarias. Ante este escenario el gobierno debe actuar con toda la fuerza del Estado para hacer frente a los agresores a la población. La invasión de predios, casas y edificios por delincuentes armados y al parecer protegidos por elementos de las fuerzas de seguridad, ministerios públicos y juzgadores, así como el “huachicoleo” de los ductos continúa.
Se requieren medidas extraordinarias para enfrentar la situación delicada y complicada, antes que sea demasiado tarde. Reconocer que la delincuencia le ha perdido el miedo al gobierno y a los elementos responsables de la seguridad. El Gabinete de seguridad federal y los de las entidades federativas podrían mejorar su información y decisiones si dispusieran de datos de cada uno de los más de 36,000 códigos postales, para ejecutar y evaluar una más exitosa política criminal, con apoyo de la población organizada y capacitada. Hay mucha tarea que realizar.
Mauricio Valdés
