Todavía sacudido el país por la incomprensible crueldad del infanticidio de la niña Fátima, en los días siguientes mataron a Jaqueline, de 16 años, en Guerrero, torturada y baleada, luego de que había denunciado acoso de policías municipales; y a Verónica, de 14 años, degollada en su domicilio de Puebla, presuntamente por un pretendiente de 18 años.
En México, desde hace cinco años, una de cada 10 víctimas de feminicidio es una niña.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) el número de feminicidios en contra de niñas ha ido en aumento desde al menos 2015. En aquel año se registraron 50, después 54, 66 y 88, hasta llegar a 98 en 2019.
De 3 mil 741 feminicidios registrados de 2015 a 2019, 356 han tenido como víctima a una niña de cero a 17 años.
Y seguramente son más, porque en cifras del Sesnsp se registraron, en ese lustro, 482 víctimas con edad no especificada.
Si los crímenes contra las mujeres se perciben, con razón, como producto de una sociedad enferma, ¿qué puede decirse de las agresiones sexuales y mortales hacia una niña?
Algo debe de estar roto, fracturado, putrefacto, en nuestra convivencia o en nuestra conciencia colectiva, cuando algunos de nosotros son capaces de esta barbarie y el inmenso resto no somos capaces de impedirlo y, además, muy pocas veces hemos podido castigarlo.
Rodeados por un entorno de violencia, el miedo acota nuestra libertad y la impunidad alienta al delincuente. Hasta los que no sabían que lo eran, lo descubren en la ocasión que hallan y se lanzan al vacío de la agresión, el abuso y la consumación del crimen sin importar lo que pasará y sabiendo que puede no pasar nada. Y en la fugacidad de ese hecho, precipitado y estúpido, imponen a una niña horrores inimaginables, acaban con una vida y enlutan a una familia o a una comunidad para siempre.
En junio de 2017, el padre de la niña Valeria, de 11 años, subió a su hija a una combi para protegerla de la lluvia, con la idea de seguir a la unidad en su bicicleta. Y entonces el chofer aceleró y se perdió de vista.
Valeria se llamaba también la niña de 12 años que en octubre de 2018 salió de su casa para ir a la tienda y no volvió. Ambas regresaron agredidas y sin vida a sus hogares, inocentes y eternamente niñas.
En ese mismo año, un presunto vendedor de droga mató en una fiesta a una niña de 14 años por haber delatado, supuestamente, sus puntos de venta en Nuevo León.
En marzo de 2017 Lupita, “la niña de las calcecitas rojas”, fue asesinada por su madre y su padrastro en Nezahualcóyotl; en julio de 2018 Ana Lizbeth, de ocho años, murió por sofocación en el municipio de Juárez, Nuevo León; en diciembre de ese año, Angélica, de 13 años, fue interceptada y asesinada por un vecino de 33 años en su camino a la escuela, en la vereda del Río Mixteco, Oaxaca; días después, Camila, de nueve años, salió de su casa en Chalco, a tronar cohetes, y fue encontrada sin vida horas después en la vivienda del vigilante de la unidad habitacional.
En 2020, la barbarie continúa: en enero y en febrero, a Karol, de cinco años, y a Fátima, de siete, las mataron en circunstancias similares, la primera en Durango y la segunda en Tláhuac.
El incremento de los crímenes contra mujeres y en particular de niñas requiere una atención específica, independientemente de que parte de ellos se oculten en las sombras de la delincuencia y la violencia genéricas.
Es indispensable incorporar a las políticas públicas, principios y programas de difusión de derechos y de equidad, así como de prevención, acción y reacción oportuna, investigación de delitos y procuración de justicia.
No puede haber otra causa que nos una tanto y con tanta urgencia y convicción como acabar con los feminicidios, y más aún en contra de niñas, la mayor de las cobardías.
* @mfarahg
