En los inicios de los estados modernos, y especialmente durante el siglo XIX, la función del gobierno estaba muy reducida a cuestiones de seguridad y financieras. Durante el siglo XX, los gobiernos empezaron a regular diferentes sectores de la industria y servicios, con el objetivo de proteger la salud y la integridad de las personas.
Entre las pugnas ideológicas que libraron la derecha y la izquierda se abarcó la cuestión respecto a qué tanto debiera intervenir el gobierno en la actividad económica. A finales del siglo XX, en la gran mayoría de los países occidentales, se generó un consenso entre las corrientes ideológicas respecto a algunas cuestiones que requieren regulación y, por ende, permiso del gobierno para que un individuo o empresa desarrolle cierta actividad económica.
Sin embargo, surgió otra problemática, la tramitología ineficaz provocó asimetrías, pérdidas económicas y corrupción. Funcionarios corruptos comenzaron a observar que si entorpecían la emisión de un permiso podían recibir sobornos para agilizarlo. Esta práctica aún continúa, lamentablemente.
A principios de año presenté iniciativa constitucional para establecer la obligación a todos los gobiernos (federal, estatales y municipales) de digitalizar sus trámites. Establecer bases de datos y algoritmos que puedan determinar la procedencia o no de una solicitud, y que el trámite se emita en el menor tiempo y costo posible para no afectar a los ciudadanos y las empresas.
Asimismo, habrá que analizar la viabilidad, en ciertos trámites, de aplicar la afirmativa ficta si se llegare a pasar el plazo legal que tiene el gobierno para emitir una resolución a favor o en contra.
En Monterrey existe un grave problema con el rezago en la tramitología respecto a desarrollo urbano, facultad constitucional exclusiva de los municipios. El sector de la construcción está sufriendo las consecuencias de estas ineficiencias.
Hoy presentaré un punto de acuerdo de urgente resolución que exhorta al gobierno municipal a que atienda este problema y esquive las consecuencias económicas que están afectando a tantos trabajadores, empresarios y ciudadanos.
Lo que sucede en Monterrey afecta a todo nuestro estado y está presente en nuestro país. Tiene un impacto muy negativo en la economía y es muy importante que como políticos le demos la importancia que merece y enfoquemos nuestra atención en sistematizar y eficientar la emisión de permisos y que no vuelva a existir rezago en la determinación de la procedencia de los mismos.
Mauricio Cantú González@CantuMauricio
