En este mundo dominado por el homo sapiens, la violencia ha sido la constante a través de nuestro devenir histórico. Resulta más que evidente, para aquellos que nos apasiona el análisis de la historia y la antropología, que desde que fuimos nómadas, hasta la actualidad, hemos padecido el conflicto y la violencia.
Desde que vivíamos en manadas muy pequeñas, pasando por los clanes, hasta que pudimos dominar la agricultura y los ciclos de la siembra, propiciando el sedentarismo y las grandes urbes, hemos padecido la violencia entre nosotros, y guerras entre nuestros núcleos humanos. La paz nunca ha sido la constante.
Con el aumento de la tecnología, así como de la población, la estadística que observamos de muertes es alarmante. Con motivo de las guerras, o por la incidencia delictiva, cientos de millones han perecido de manera violenta. Más allá del análisis histórico y sociológico mundial, entraré al caso mexicano para reflexionar sobre las causas de la crisis delictiva.
Durante el siglo XX, y en lo que va del XXI, se ha recabado información cuantitativa y cualitativa respecto a las causas de la violencia. Se observa una correlación directa clarísima entre falta de oportunidades, desigualdad y pobreza con los altos índices delictivos. La explicación de esto ha sido muy expuesta por las ciencias sociales, específicamente la sociología y antropología. Cuando no existe justicia social, no existe la paz.
En Nuevo León, desde inicios de año hemos observado un alza preocupante en los delitos de alto impacto. Observamos una tierra de 5.7 millones de neoleoneses, donde convivimos los que nacimos en el privilegio, con oportunidades educativas y apoyo familiar, y aquellos que se preocupan por comer, sin contar con servicios básicos.
Asimismo, tenemos al municipio con más ingresos per cápita no sólo de México, sino de todo América Latina, conviviendo con otros 50 municipios con ingresos mucho menores.
En nuestro país, desde 1982, el poder adquisitivo bajó, el salario mínimo nunca aumento ni siquiera a la par de la inflación y el salario real fue golpeado despiadadamente. La desigualdad y la pobreza aumentaron exponencialmente.
Los gobiernos en turno, en colusión con algunos pocos grandes empresarios, emplearon una política económica simplista de buscar la productividad por medio de salarios míseros y favoritismos políticos. En lugar de incentivar la actualización y optimización de procesos; inversión en innovación, ciencia y tecnología; planeación y alianzas estratégicas; servicio al cliente; modernización de equipos; entre muchas otras acciones que las empresas productivas emplean, se buscó maximizar el lucro sin dimensión social.
Esta visión egoísta, individualista y cortoplacista obviamente provocó un gran malestar y descomposición social. No es lo mismo vivir con oportunidades, en un entorno de armonía donde se satisfacen las necesidades humanas, a vivir con carencias, hambre, sufrimiento y malestar constante.
Una política pública eficaz contra la violencia debe enfocar sus esfuerzos en combatir la pobreza y la desigualdad. Tiene que buscar generar oportunidades educativas y laborales para toda la población, con muy especial atención a la juventud. No se puede pensar que matando o encarcelando narcotraficantes, desde capos hasta los sicarios y halcones, se va a garantizar la seguridad y paz para el Pueblo de México. La única opción viable que tenemos es atender las causas que provocan la violencia y descomposición social. Esta solución toma tiempo, pero es la única que funciona.
Esta visión de futuro -con enfoque en las causas de la violencia- toma tiempo en rendir frutos, pero es la única que funcionará. Este enfoque de atacar las causas de la violencia se emplea a la par de la creación de la Guardia Nacional, construcción de nuevos cuarteles, mejoramiento del equipamiento del personal, capacitaciones adecuadas, así como inculcar los valores y principios de nuestro Ejército mexicano a los encargados de garantizar la seguridad humana.
Los frutos ya se están viendo. Este pasado lunes el presidente de México dio a conocer los datos en materia de seguridad, los delitos federales se redujeron 28.4% de los 9,062 mensuales que se cometían iniciando el gobierno, a los 6,487 actuales. Específicamente los delitos de secuestro y homicidios bajaron 74% y 17%, de 185 diarios a 47, y de 94 a 82, respectivamente.
Se están atacando las causas que generan la violencia, a la par de modernizar las instancias de seguridad. En este anhelo milenario de los humanos por vivir en paz y tener garantizado su derecho a la integridad y libre desarrollo, aún tenemos muchísimo por hacer, pero se avanza en la dirección correcta y el Pueblo de México está consciente de esto.
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Mauricio Cantú González, diputado federal por Morena
