Nos acostumbramos a una afrenta democrática tan primaria que antecede a todas aquellas en la discusión cotidiana.El espectáculo matinal del Ejecutivo mexicano limita el derecho del ciudadano a contar con los elementos para definir su criterio, castigar al mal gobierno, evaluar sus fracasos, juzgar a quienes le dieron su voto.
La discusión alrededor de los riesgos para nuestra democracia se ha encaminado a sus vulnerabilidades más tangibles. El árbitro, las reglas de operación en las mismas elecciones, los límites para los partidos políticos.
En los tropiezos de la evolución democrática nacional, pasamos de un sistema donde la generalidad de los medios eran controlados por el aparato de gobierno a transformarse éste en el gran medio.
El espionaje y la violencia son inexistentes para Palacio. La voz mandante se exaspera ante las preguntas que le incomodan, miente frente a la evidencia y muestra su incapacidad a contradecirla. Impone su desprecio a todo aquello fuera de un guion repetido en la vaguedad aplicable para el conjunto de la vida pública.
Esa es la transparencia de un gobierno opaco. Aquí se administra el ocultamiento de lo público para sustentar un ejercicio de poder.
El político rupestre reclama su derecho a designar la agenda. Todo actor autoritario se supone acreedor de favores inigualables. Cuando el insulto es su argumento y gana el rechazo a la verdad se pierden las bases de la viabilidad democrática. El fenómeno es contagioso y no faltará quien asegure las virtudes del camino presidencial para esconder la realidad.
Los parámetros de la indignación se modificaron con los de la pertenencia y la complicidad. Somos una sociedad que perdió el asco a que un gobernante señale qué es el periodismo y cuál es su función.
Para los códigos de la democracia estamos rompiendo los límites de lo inaceptable. Ya no jugamos entre sus márgenes habitables, nos decantamos abiertamente por aquello que obligaba al rechazo.
La democracia es una instrumentación del criterio ciudadano que exige garantizar los elementos para su formación. Cualquier defensa al derecho de la opinión está íntimamente ligada al de la información. Sin ella la responsabilidad en la primera es imposible.
