Los cuatro años que lleva en funcionamiento el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción han servido precisamente para eso: fomentar la participación de grupos de la sociedad civil organizada y población en general en los asuntos de orden público, creando y ocupando espacios para prevenir actos de corrupción y poniendo en marcha instrumentos que abonen a la transparencia.
Y justamente hoy, en el marco del informe anual de actividades del organismo ciudadano, en un acto en el que no solo estarán presentes los integrantes del CPC, sino fundamentalmente ciudadanos que han hecho suyos los foros de reflexión análisis y participación y que poco a poco en las diversas regiones y municipios del estado van germinando iniciativas de rendición de cuentas del quehacer gubernamental, se presentará al Congreso una iniciativa de ley para hacer obligatoria la 3 de 3, teniendo como testigo distinguido a Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana.
Y son precisamente los pasos que como este se van dando en la dirección correcta los que legitiman el trabajo del CPC. En las últimas semanas se han cruzado acusaciones y señalamientos que lo único que traslucen, además de afanes muy particulares, es un profundo desconocimiento del espíritu detrás de la existencia misma del Comité y del Sistema Estatal Anticorrupción.
Que reciban un ingreso bruto alrededor de 100 mil pesos -a eso hay que descontar una tercera parte de impuestos- un grupo de ciudadanos con capacidad de interlocución con secretarios de estado, y no solo eso: cuyo nivel de responsabilidad implica dedicación exclusiva a la labor y trabajo de tiempo completo, sin mayor presupuesto para personal de apoyo, viáticos e incluso prestaciones laborales y seguridad social, dado que no prestan un trabajo subordinado, incluso me parece poco.
Para investigar actos de corrupción y sancionarlos existen otras instituciones. La labor de estos ciudadanos es que haya involucramiento social: más participación y menos corrupción.
Mario A. Arteaga
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Periodista de investigación. Ex servidor público de carrera
