Otra vez la verdad jurídica frente al juicio mediático. Ahora es el caso de Santiago Nieto, ex fiscal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, depuesto de su cargo al arranque del proceso electoral por una indiscreción cometida con Emilio Lozoya Austin respecto al estatus del proceso por la presunción de haber recibido recursos de Obedrecht, empresa constructora en el ámbito petrolero, que nunca debió comentar o filtrar a los medios ya que significa violar el debido proceso y otorgar impunidad en caso de culpabilidad. Y si la forma es fondo, la forma en que se despidió a Santiago Nieto comunicó confusión, falta de diálogo y prudencia; y por lo que hace al actuar del ex fiscal, falta de rigor, ausencia de un ejercicio ético y de pulcritud.
El Senado se ocupa del tema, se retrasó la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación de 2018 y el paquete económico, por esta causa, se inició un proceso electoral desaseado, cuestionable, que ahonda la rijosidad y pospone los acuerdos. Todo esto ocurre mientras partidos y aspirantes se preparan a ganar o definir postulaciones, vamos, en tener candidatos y sin fiscal del ramo a la cabeza para lo que resulte.
Ya surgieron acusadores ciudadanos, jueces sociales, juicios y sanciones mediáticas, así pasa cuando el escenario de los medios invade el espacio institucional y los protagonistas no convencen con sus declaraciones. Se politizó el tema (era natural) y ahora el problema presenta por lo menos tres aristas: la jurídica, la mediática y la política. Hoy que el Sistema político electoral no necesita una mancha más, situación que los grupos interesados ya están aprovechando al crear fuegos fatuos en torno al proceso electoral.
Lo cierto es que si el ex fiscal de la FEPADE miente o maneja la verdad maniqueamente es insostenible su posición. El Senado no puede favorecer a quien transgrede el Estado de Derecho y da a conocer elementos de un proceso que obliga confidencialidad de acuerdo a la Ley. Si en el pasado ocurrió, no debe volver a ser. Si hay actores interesados en que lo reinstalen y otros en que se le suspenda, la última palabra la tiene el Senado, que también está a juicio de la opinión pública, hoy que la vida institucional requiere fortalecerse.
