En tanto no se otorgue un presupuesto acorde a los difíciles tiempos que enfrentamos, los 32 estados de la Federación no podrán solventar la serie de exigencias ciudadanas, entre ellas la inseguridad, porque cada día qué pasa se agrava más la microeconomía de los que menos tienen.
Diversos estudiosos de las especialidades económicas y financieras cifradas en México y en América Latina refieren que el presupuesto que se asigna cada año a los estados ya no alcanza para resolver la serie de programas que por largos años ha etiquetado el propio gobierno federal para “beneficio” de casi 130 millones de mexicanos.
Y es que, a partir del gobierno de López Obrador, los presupuestos para cada entidad federativa, ya no llegaron completos debido a que desde la secretaria de Hacienda se recortaron al arbitrio del Jefe del Ejecutivo federal, porque a la mayoría de los estados les recortaron los gastos que hicieron antes de recibir las asignaciones oficiales aprobadas por el Congreso de la Unión.
No obstante las intervenciones directas de diputados y senadores representantes de cada Estado del país para exigir más y mejores presupuestos para la resolución de programas como la inseguridad, la alimentación y la educación, entre otros, los recortes se hicieron después de ser aprobados en la Cámara de Diputados.
El analista financiero Othón Balcazar aseveró que México no alcanzará una equidad social, en cuanto no se determinen programas sustentables que conlleven beneficios reales a cada uno de los mexicanos que buscan la superación personal con un trabajo digno, bien remunerado y que sea el sustento formal de una familia.
De ahí que en cuanto no se asignen recursos y presupuestos suficientes a cada uno de los estados de la República mexicana, será letra muerta el combate frontal a la delincuencia, así como programas que conlleven de beneficio directo a la hambruna extrema que ya padecen más de 60 millones de mexicanos, casi la mitad de la población total.
No podrá darse también solución en las cuestiones educativas, que no hacen crecer la matrícula entre la población, que debe de abandonar las clases escolares a temprana edad para hacer frente a los problemas socioeconómicos que viven los más desprotegidos.
De ahí que no obstante los anuncios que de manera referente hacen los tres órdenes de gobiernos en turno, en tanto sigan proyectándose y desarrollándose programas de beneficio económico con fines electoreros, no podrán cubrirse las más imperiosas necesidades de más de 100 millones de mexicanos que enfrentan cada vez más severas crisis económicas qué hacen más honda la brecha entre mexicanos con economía precaria y los que ya alcanzaron un nivel socioeconómico de beneficios sustentables.
Urge que en los próximos presupuestos que elaborarán legisladores federales se incluyan los rubros de mayores apremios y que sean resueltos en el mediano plazo, para que México alcance un equilibrio socioeconómico al que antes tuvieron acceso más integrantes de todos los sectores que integran la población y que hoy por catástrofes económicas ya no pueden disfrutar.
Notas de Trascendencia
El abogado que llevó la defensa del ex comandante de la Policía Judicial de Puebla, Cuauhtémoc Mixcóatl, informó que un tribunal colegiado federal anuló la sentencia de prisión contra el ex comandante Juan Sánchez Moreno, al considerar que no existieron pruebas sólidas para responsabilizarlo del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, ocurrido tras su detención en 2005.
La resolución fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Quintana Roo, que por unanimidad de votos otorgó un amparo liso y llano al ex mando policiaco, que dejó sin efecto la condena de 7 años y medio de prisión y 15 años de inhabilitación que pesaba en su contra.
El tribunal ordenó emitir la sentencia absolutoria a favor de Sánchez Moreno, quien fue uno de los siete acusados por la tortura psicológica y física sufrida por la periodista tras denunciar una red de pederastia que involucraba a empresarios y funcionarios públicos.
Según la sentencia, los magistrados concluyeron que no hay pruebas fehacientes que acrediten la participación directa o indirecta del ex comandante en los referidos actos de tortura en contra de Lydia Cacho.
En otro orden, el doctor Mario Antonio Ramírez Barajas, quien fuera Director General de Educación Física en el Gobierno, de Ernesto Zedillo, recibió la medalla Ricardo Flores Magón por ser uno de los más férreos defensores de la libertad de expresión.
El reconocido impulsor de profesores y licenciados en Educación Física, así como de entrenadores y deportistas, gozaron de los privilegios del otrora directivo que se distinguió siempre por su férrea defensa de educadores a expresar lo que a su interés convenía.
En las diversas instancias federales que ocupó, dejó siempre constancia de su buena voluntad y respeto irrestricto a todos por igual, para expresarse por los propios maestros y profesores de lo ya establecido. Enhorabuena
