Otro hecho inédito que se registra en el gobierno lopezobradorista: fue removido de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdés, por falta de sensibilidad a la hora de dirimir votaciones del pleno de ese órgano colegiado y conducirse con inmoralidad al interior de esa institución.
Aunado a ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de cerrar el caso del magistrado, ya que está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por más de 35 millones de pesos.
De acuerdo con datos obtenidos, será un juez el que defina si la carpeta de investigación persiste abierta por el posible ilícito o si debe cerrarse. Mientras tanto la impugnación de la UIF permanece en su etapa de indagatoria abierta y de consenso con los investigadores, debido a que acumulan pruebas de que al momento de llevarse a cabo la recopilación de pruebas, Vargas Valdés fungió como víctima
La dependencia encontró que el magistrado cuadriplicó sus ingresos en cuatro años. En en abril del 2013, cuando Vargas Valdés ejercía como abogado de asuntos electorales. Declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos. Pero para 2017, ya como magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron, al reportar 7 millones 270 mil 317 pesos.
La UIF indicó tiene también registros de movimientos irregulares de dinero por 14 millones de pesos entre 2016 y 2018, en una tarjeta American Express a su nombre.
De ahí que la dependencia había solicitado que se congelaran sus cuentas, ya que había discrepancias fiscales entre sus ingresos y cuentas bancarias. No obstante, dichas acusaciones fueron olvidadas cuando asumió la presidencia del TEPJF en noviembre del año pasado.
Aunado a lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de cerrar el caso del magistrado, ya que está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por más de 35 millones de pesos.
Vargas Valdés sostiene que todo su patrimonio tiene un origen legal y ha dicho que no litigará este conflicto en medios de comunicación, sino en los juzgados correspondientes.
De acuerdo con el análisis realizado, la UIF encontró que Vargas, un familiar y personas físicas y morales “operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”.
Con respecto a su remoción el miércoles pasado, por su incompetencia profesional; por no conducirse con honorabilidad y respeto a sus correligionarios, en el lugar de Vargas Valdés, Reyes Rodríguez Mondragón fue electo como magistrado presidente del TEPJF.
SU CESE, DECISIÓN DE MAGISTRADOS
La decisión de los magistrados Janine Otálora, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Mondragón se derivó por cuestionamientos al desempeño de José Luis Vargas, por ejemplo, cuando se propuso que, por adelantado, enviaran el sentido de su voto en las sentencias expuestas en sesiones públicas.
Vargas Valdés incumplió con diversas de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, como la discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos, el diferimiento de las sesiones sin razón justificada, faltas de respeto hacia sus compañeros al llamarles “manada”.
De igual forma, por la suspensión de la realización del foro, “La Calificación de las Elecciones 2020-2021”. Cobertura incompleta de boletines de prensa institucionales, negativa de someter a temas de discusión la remoción del Secretario General de Acuerdos y la Subsecretaria General de Acuerdos, presunta aplicación forzosa del polígrafo y, en su caso, despido injustificado del personal administrativo", indicaron los magistrados en un comunicado.
Los conflictos al interior del Tribunal están vigentes, al menos, desde 2018 cuando José Luis Vargas indicó que presentaría denuncias en contra de la entonces magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis, por presuntas irregularidades cometidas en su encargo, en el contexto de la elección a la gubernatura de Puebla, en la que Vargas propuso anular el triunfo de Martha Erika Alonso.
Marco Antonio García Granados
