En México, el problema de las desapariciones ha entrado en una fase particularmente preocupante: la disputa por la verdad.
No se trata únicamente de una crisis humanitaria, que ya de por sí es devastadora, sino de una crisis de información, de transparencia y, en última instancia, de responsabilidad pública.
Las recientes revisiones a las cifras oficiales han encendido alertas entre especialistas y organizaciones civiles.
No es un asunto menor. Cuando el Estado modifica sus registros sin claridad metodológica, lo que se erosiona no es sólo la estadística, sino la confianza social.
Como se advierte en el análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas presenta una preocupante disfuncionalidad: no cuenta con reglas claras de operación ni con datos abiertos que permitan verificar la información.
En otras palabras, ni siquiera es posible saber con precisión cuántas personas están desaparecidas.
Este punto es fundamental. Un problema que no puede medirse con rigor difícilmente puede resolverse.
Más aún cuando la propia autoridad parece inclinarse por privilegiar las llamadas “búsquedas administrativas”, cruces de datos, registros, validaciones documentales, por encima de las búsquedas en campo, que son las que realmente pueden llevar a la localización de personas. lo señala con claridad: hay un entendimiento parcial del fenómeno y una precariedad institucional que limita la acción efectiva.
A este panorama se suma una señal aún más grave desde el ámbito internacional.
México encabeza el número de acciones urgentes por desaparición forzada ante instancias de Naciones Unidas, acumulando 819 casos, incluso por encima de países en conflicto armado como Irak.
No se trata de una percepción: es un dato duro que coloca al país en el centro de la preocupación global.
Sin embargo, frente a este escenario, la respuesta del gobierno ha sido, en buena medida, defensiva.
En lugar de asumir la magnitud del problema, se cuestionan las cifras, se relativizan los diagnósticos y, en algunos casos, se sugiere que las críticas tienen motivaciones políticas. Esta narrativa no sólo es insuficiente, sino peligrosa.
Porque minimizar el problema no lo reduce. Lo invisibiliza. Y la invisibilidad, en contextos de violencia e impunidad, es el terreno más fértil para que los abusos continúen.
Más preocupante aún es el mensaje implícito: que el problema puede “administrarse” desde el discurso.
Pero las desapariciones no son una variable política que pueda ajustarse según la conveniencia del momento.
Son vidas truncadas, familias fracturadas, comunidades enteras marcadas por la incertidumbre.
Una política pública seria en esta materia exige, como mínimo, tres condiciones: datos confiables, capacidades institucionales fortalecidas y voluntad política real. Hoy, lamentablemente, las tres parecen estar debilitadas.
Mientras tanto, son las familias, las madres buscadoras, los colectivos, quienes siguen haciendo el trabajo que el Estado no ha logrado cumplir.
Ellas recorren terrenos, investigan, presionan, exigen. Y lo hacen no por interés político, sino por una necesidad elemental: encontrar a los suyos.
Desaparecer las cifras no desaparece la tragedia. Sólo la vuelve más incómoda para quien gobierna… y más insoportable para quien la vive.
