En política, lo que ayer era anatema hoy puede convertirse, sin demasiadas explicaciones, en política pública.
La reciente apertura del gobierno al llamado “frackingsustentable” lo confirma: durante años fue presentado como símbolo de saqueo y contaminación; hoy, desde el poder, aparece como alternativa viable ante la realidad energética del país.
Como legislador de oposición, sería fácil quedarme en la contradicción.
Pero el problema es más serio. México enfrenta un déficit creciente de gas natural, dependemos del exterior y esa vulnerabilidad ya compromete nuestra competitividad. Negarlo sería irresponsable.
El giro del gobierno no sólo es evidente; también es tardío: el tiempo los alcanzó.
Ahora bien, conviene decirlo sin rodeos: no existe el fracking “inofensivo”. La evidencia internacional muestra impactos reales en el agua, en las emisiones y en el territorio.
Y esos riesgos no se reducen con discursos, sino con capacidades técnicas, regulaciones estrictas y una ejecución impecable. Justo donde el Estado mexicano ha mostrado sus mayores debilidades.
El antecedente es inevitable: la Refinería Olmeca de Dos Bocas. Prometida como emblema de soberanía energética, hoy carga con sobrecostos, retrasos y accidentes que, incluso, han ocasionado muertes humanas (y ya ni hablar de la de muchas otras especies).
Si un solo proyecto ha sido tan difícil de gestionar, resulta legítimo preguntarse qué pasaría con un desarrollo masivo de fracking bajo la misma lógica.
Por eso el debate de fondo no es si se hace o no fracking, sino cómo y con cuáles condiciones.
Si México decide avanzar, debe hacerlo con estándares de primer nivel: participación de empresas con experiencia probada, monitoreo independiente de impactos ambientales, transparencia total en contratos y mecanismos claros de compensación para las comunidades.
No es una concesión ideológica; es una exigencia mínima de responsabilidad, esa de la que, a todas luces, carecen las altas esferas del morenato.
Hay además un elemento que no puede ignorarse: la presión fiscal.
Con finanzas públicas tensionadas y una empresa petrolera que no ha cumplido sus promesas, el riesgo es evidente: que el fracking se convierta en una salida rápida para tapar huecos, no en una estrategia energética de largo plazo. Y cuando la urgencia manda, el cuidado del medio ambiente y de las especies suele quedar en segundo plano.
Si el gobierno quiere abrir esta discusión, que lo haga con honestidad.
Que reconozca que se equivocó al convertir el fracking en bandera ideológica, que admita las limitaciones actuales del Estado para operarlo por sí solo y que entienda que la confianza no se decreta. Desde la oposición estamos dispuestos a debatir, pero no a convalidar improvisaciones.
Porque el verdadero dilema no es entre fracking sí o no. Es entre hacerlo bien o repetir, una vez más, la historia de decisiones apresuradas, o peor todavía, en “planes b” que terminan costándole caro al país y al planeta.
