Me caracterizo por ser optimista, siempre lo he sido. Sin embargo, debo confesar que, en términos económicos, cada vez me cuesta más trabajo serlo respecto al futuro de nuestro país. México merece más, puede crecer más y tiene un enorme potencial que, por desgracia, no hemos sabido aprovechar.
Arrastramos problemas ancestrales, pero hasta antes de 2018, aunque lentamente, el país avanzaba hacia mejores niveles de bienestar. Desde entonces, debemos reconocer ciertos logros, como la reducción de la pobreza general, el incremento del salario mínimo y los apoyos a los adultos mayores. Sin embargo, considero que los errores de estrategia, la corrupción, la impunidad y una ideología económica equivocada están frenando nuestro desarrollo.
Las carencias son enormes y el despilfarro de recursos públicos resulta indignante. Basta revisar algunas decisiones del sexenio anterior. ¿Cuánto le costó al país cancelar el aeropuerto de Texcoco? No sólo lo que perdimos, sino lo que dejamos de ganar por una decisión presidencial. A ello se suman inversiones multimillonarias cuya rentabilidad sigue siendo cuestionable, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, cuyo costo superó ampliamente lo presupuestado; o el Aeropuerto Felipe Ángeles, que quizá algún día alcance su potencial. También está Mexicana de Aviación, cuya operación continúa requiriendo recursos públicos.
Lo preocupante es que estas decisiones no sólo representan oportunidades perdidas, sino que siguen comprometiendo recursos que podrían destinarse a necesidades mucho más urgentes.
A este panorama se suma la corrupción y la impunidad, que continúan presentes en nuestro país. Casos como el huachicol fiscal, las factureras y las irregularidades detectadas en distintas dependencias públicas reflejan la magnitud del problema. Lo más grave es que, en demasiadas ocasiones, los responsables parecen actuar sin consecuencias.
Pero lo que más afecta mi optimismo es el debilitamiento del estado de derecho. Considero que la reforma judicial impulsada por López Obrador fue una de sus decisiones más perjudiciales. Difícilmente puede florecer la inversión privada, nacional o extranjera, en un país donde no existe plena certeza jurídica. Sus conocidas expresiones, como “no me vengan con que la ley es la ley” o “al diablo con sus instituciones”, reflejan una visión que considero profundamente dañina.
Quiero un México que crezca más rápido, que genere oportunidades para todos, donde la corrupción y la impunidad se castiguen. Un país que destine mayores recursos a la educación y la salud, en lugar de proyectos improductivos o programas utilizados con fines electorales.
Quiero un país de leyes, donde exista justicia, certeza y un gobierno que trabaje para todos, no sólo para unos cuantos.
México tiene con qué salir adelante. Lo que necesita es aprovechar su potencial. Porque México puede y merece mucho más.
