Si algo demuestra la historia reciente de América Latina es que los gobiernos progresistas rara vez son derrotados primero en las urnas. Antes suelen ser desgastados en el terreno de la comunicación.
La estrategia es conocida. No consiste en debatir proyectos de nación ni en confrontar políticas públicas con argumentos, sino en construir percepciones. Se difunden simultáneamente mentiras, medias verdades, exageraciones o interpretaciones sesgadas. Cuando una versión es desmentida, ya circulan varias más. La velocidad de la propaganda termina superando la capacidad institucional para responder.
México tampoco ha sido ajeno a ese fenómeno. Desde 2006, con la campaña de que “López Obrador es un peligro para México”, comenzó una ofensiva permanente que convirtió el rechazo a Andrés Manuel López Obrador en el principal elemento de identidad de una parte de la oposición. Con el tiempo, esa narrativa terminó sustituyendo cualquier proyecto alternativo. Hoy, buena parte de la derecha parece encontrar mayor cohesión en su rechazo a la Cuarta Transformación que en una propuesta propia de país.
Sin embargo, el dato más revelador no proviene de la confrontación política, sino de un organismo de las Naciones Unidas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que durante 2024 la pobreza regional disminuyó de 27.3% a 25.5%, permitiendo que alrededor de doce millones de personas dejaran esa condición. De acuerdo con su análisis, México y Brasil concentraron la mayor parte de esa reducción: el primero aportó cerca del 60% y el segundo alrededor del 30%. Ambos son gobernados por administraciones identificadas con el progresismo.
No se trata de propaganda oficial. Son datos de la CEPAL.
Tampoco parece casual que esa información haya recibido mucha menos atención que las polémicas políticas cotidianas. Mientras los resultados sociales documentados ocupan espacios marginales, las campañas de desprestigio dominan buena parte de la conversación pública.
La pregunta es inevitable: si un organismo internacional reconoce avances históricos asociados al incremento del salario mínimo, la recuperación del poder adquisitivo, el fortalecimiento del empleo y las políticas sociales, ¿por qué esos logros rara vez se convierten en el centro del debate nacional?
La respuesta conduce al problema de la comunicación política.
La Cuarta Transformación encontró en las conferencias mañaneras una herramienta eficaz para romper el antiguo monopolio informativo. Pero ningún formato basta para enfrentar un ecosistema mediático que opera de manera permanente en televisión, radio, prensa y plataformas digitales.
Ahí reside una de las principales vulnerabilidades del movimiento: no la ausencia de resultados, sino la insuficiente capacidad para comunicar, explicar y defender esos resultados frente a campañas sistemáticas de desinformación.
No se trata de censurar ni de limitar la libertad de expresión. Una democracia necesita crítica y pluralidad. Lo que no puede normalizar es la difusión deliberada de información falsa o manipulada. Las audiencias también tienen derecho a recibir información verificada y claramente diferenciada de la propaganda.
La experiencia latinoamericana ofrece una advertencia: gobiernos con avances sociales importantes perdieron respaldo no necesariamente por el fracaso de sus políticas, sino porque permitieron que otros construyeran el relato de ese supuesto fracaso.
México aún está a tiempo de aprender esa lección.
Si la Transformación aspira a consolidarse como un proyecto histórico y no sólo como el legado de Andrés Manuel López Obrador, la comunicación pública debe dejar de entenderse como un área administrativa para convertirse en una política estratégica, profesional, territorial y profundamente democrática.
Porque en el siglo XXI no basta con gobernar bien. También es indispensable impedir que la perversa mentira organizada, termine imponiéndose sobre la realidad.
