A pesar de que la discusión sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública está lo suficientemente acabada, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dar a conocer un acuerdo que impone la presencia y operación permanente de las fuerzas armadas en la seguridad de las mexicanas y los mexicanos, hasta que concluya su sexenio. Se coordinarán con la Guardia Nacional (conformada en su mayoría también por fuerzas armadas), sin subordinación a la misma, de modo que el mando civil que la Constitución establece queda al margen.
Durante 10 años se ha discutido este tema y la conclusión no ha cambiado: las fuerzas armadas han participando en tareas de seguridad pública y no solucionan el problema de la violencia que, como sabemos todos, crece por día. Además de que no podemos obviar las prácticas arbitrarias con las que han violado los derechos humanos.
Después de conocer el acuerdo es necesario colocar nuevas preguntas sobre la mesa. ¿Por qué le conviene tener al Ejército cerca? ¿Qué objetivos del gobierno federal requieren ofrecer total satisfacción a las solicitudes, de cualquier índole, de las fuerzas armadas? O más bien, ¿El Presidente no tiene condiciones para ponerle freno a las fuerzas armadas? ¿Qué nivel de poder han adquirido en estos últimos años? ¿No hay límite para ese sometimiento?
Hace poco tiempo, se dio a conocer que el hijo de Manuel Bartlett firmó un contrato para vender respiradores al IMSS a sobreprecio. Un escándalo. Sin embargo, para contratistas favoritos, parece que el gobierno federal tiene a las fuerzas armadas. El nuevo aeropuerto en la zona metropolitana es construido por el Ejército, las mil 350 sucursales que tendrá el Banco del Bienestar y la construcción de algunos tramos del Tren Maya, por mencionar algunos. Millones de dólares para la Sedena extras a lo entregado en el presupuesto federal y muchos por procesos de adjudicación directa. ¿Si las fuerzas armadas están a cargo de la administración de recursos millonarios para obras públicas, tienen la salida de argumentar motivos de seguridad nacional para no transparentar recursos?
No es accidental que la Sedena se haga cargo de los temas más importantes en el proyecto lopezobradorista: la seguridad y las obras públicas. Aunado a ello, en la pandemia están jugando un papel relevante. Se anunció que las fuerzas armadas adaptarían hospitales para la atención de enfermos por covid, así como la contratación de médicos especialistas y la entrega de medicamentos. A poco más de dos meses de crisis sanitaria en México, no hemos conocido en las conferencias de prensa los resultados de la participación de la Sedena en el manejo de la crisis sanitaria.
El “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” enuncia en su adverbio lo que no estipula en ninguna parte del documento. La ambigüedad con la que se les empodera deja implícita una contradicción elemental: la estrategia calderonista fue fallida, Enrique Peña Nieto le dio continuidad y fracasó, Andrés Manuel lanzó la Guardia Nacional conformada por fuerzas armadas e instruida de facto por las mismas. ¿Por qué después de probar y errar, decide reforzar la receta de sus antecesores?
@maiteazuela
