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Domingo , 21.04.2019 / 21:29 Hoy

Contracorriente

Michelle Bachelet, reparar la atrocidad

Maite Azuela

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Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se encontró con un panorama devastador sobre los muchos pendientes por graves violaciones a derechos humanos en México.

Ella misma repitió las cifras en público. Desde 2006 más de 40 mil personas desaparecidas, y eso considerando que son las registradas, 26 mil cuerpos sin identificar, 856 fosas clandestinas que han salido a la luz hasta el día de hoy, más de 250 mil muertes violentas y nueve mujeres asesinadas al día. Lo escribo y pierdo la respiración. ¿En qué momento nos acostumbramos a esto?

Bachelet escuchó a las organizaciones de la sociedad civil y directamente a los familiares de personas desaparecidas. Se identificó con sus voces, su llanto, su dolor. Sus compromisos en esta primera visita quedaron plasmados en dos acuerdos con el gobierno mexicano. Ambos merecen especial reflexión.

Con el canciller Marcelo Ebrard firmó el Acuerdo de Asesoría y Asistencia Técnica para la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. En caso de dar resultado, será un buen precedente que deberá generalizarse para los demás casos de desaparición, de modo que se conforme una Comisión de la Verdad que no quede concentrada solo en un caso emblemático.

Por lo pronto, como bien lo señaló Santiago Aguirre, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, hay un pendiente francamente definitivo: el papel que tendrá la Fiscalía General de la República. Si la fiscalía conserva la misma estructura y estrategia con las que operaba la Procuraduría General de la República, continuaría la simulación.

Por otro lado, Michelle Bachelet suscribió el Acuerdo para Asesorar la Guardia Nacional. Al día de hoy no se cuenta con la regulación secundaria que explicitará los criterios con los que la guardia se conduzca.

Otra de las buenas noticias fue que el acompañamiento se hará también en la redacción de la regulación secundaria de la guardia. Habrá que elaborar esa ley de la mano de Naciones Unidas. Sin embargo, se presentó de prisa un documento de “Estrategia de Seguridad” en el Senado, mismo que no ha sido socializado ni revisado a cabalidad por los legisladores.

Se anunció además el nombramiento de un militar en activo como cabeza de la guardia que se presumía civil, a pesar de que se impulsó una reforma constitucional cuya intención era evitar que fuera militar al retirarle el mando a la Secretaría de la Defensa Nacional, para colocarlo en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como quedó asentado en el dictamen del Senado y aprobado finalmente en el Congreso de la Unión.

Con la presteza de presentar aquel documento de estrategia, se estaría violando el artículo 21 de la Constitución que señala que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública estará formulada por la estructura orgánica y de dirección que determine la ley.

Los acuerdos de la alta comisionada con el gobierno mexicano llegan en muy buen momento, el reto será acompañar procesos que empalman mandatos constitucionales con voluntades políticas aceleradas para poner en el centro una evidente emergencia nacional que devele y atienda las atrocidades que la estrategia de guerra nos ha ocasionado.

@maiteazuela

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