La semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó una multa de 4,125 millones de euros contra Google por abusar de su posición dominante mediante Android. El caso anticipa una discusión amplia: quién controlará las puertas de entrada a la inteligencia artificial.
El precedente resulta especialmente relevante porque Android no es un actor menor: alrededor del 70 % de los teléfonos inteligentes del mundo funcionan con este sistema operativo. Quien controla esa infraestructura posee una posición privilegiada para decidir qué servicios aparecen primero y cuáles permanecen prácticamente invisibles para los usuarios.
Ahora imaginemos el siguiente escenario. Compramos un teléfono inteligente y el asistente de inteligencia artificial integrado por defecto es el único plenamente conectado al sistema operativo. Cambiarlo es posible, pero complejo. Las alternativas funcionan con restricciones o requieren instalaciones adicionales que la mayoría de las personas no realizará (y que a veces no conocemos). En ese contexto, no necesariamente elegiríamos la mejor inteligencia artificial, sino aquella que la arquitectura del dispositivo decidió por nosotros.
No es casual que los principales asistentes de inteligencia artificial estén integrándose cada vez más en los sistemas operativos. La disputa por Android anticipa la disputa por la interfaz desde la que interactuaremos con la IA.
Porque la interfaz nunca es neutral: organiza qué vemos, qué ignoramos y qué posibilidades de acción tenemos frente al conocimiento. Ese es el debate que comienza.
La discusión no se limita a quién controla la infraestructura, sino también a cómo esa infraestructura condiciona las formas de apropiación tecnológica. Es decir, las maneras en que millones de personas aprenderán, trabajarán, deliberarán y construirán su experiencia cotidiana del mundo.
La inteligencia artificial ya no competirá únicamente por desarrollar mejores modelos. Competirá por controlar las interfaces desde las cuales formularemos preguntas, organizaremos información, recibiremos recomendaciones y construiremos buena parte de nuestra vida cognitiva y afectiva. ¿Qué aplicaciones utilizaremos? ¿Qué fuentes consultaremos? ¿Qué servicios descubriremos? ¿Qué respuestas recibiremos? Aunque quizás las preguntas hay que plantearlas en presente.
Desde esta perspectiva, la sentencia europea deja al menos tres lecciones.
La primera es que los monopolios de lo que algunos autores como Varoufakis denominan tecnofeudalismo, sí pueden ser regulados. Durante años pareció que las grandes plataformas eran demasiado poderosas para enfrentar límites institucionales.
La segunda es que la competencia en inteligencia artificial no depende únicamente de construir modelos técnicamente superiores. También exige infraestructuras públicas, investigación universitaria, ciencias sociales y humanidades críticas, así como proyectos regionales con condiciones reales para llegar a las personas. Iniciativas como Latam-GPT, impulsada desde América Latina para desarrollar modelos adaptados a nuestras lenguas, y contextos, podrían enfrentar mayores dificultades para consolidarse si los ecosistemas tecnológicos privilegian exclusivamente a los asistentes de las grandes plataformas mediante integraciones predeterminadas.
La tercera lección interpela directamente a América Latina. La soberanía digital no consiste sólo en entrenar modelos en español o incorporar nuestras realidades culturales. También significa construir condiciones regulatorias, culturales, económicas y tecnológicas que permitan que esas alternativas lleguen efectivamente a las personas.
En otras palabras, necesitamos que nuestras cosmotécnicas (las formas situadas de imaginar y desarrollar tecnología) dialoguen con las estructuras económicas que hoy concentran el acceso al conocimiento.
Quizá por ello la discusión más importante del caso Google refiere al futuro de la inteligencia artificial. Durante la última década discutimos quién controlaría Internet. En la próxima discutiremos quién controlará la inteligencia artificial desde la cual conoceremos Internet.
Porque la soberanía tecnológica no comienza cuando desarrollamos una inteligencia artificial propia. Comienza cuando ninguna empresa puede decidir por nosotros cuál será la inteligencia artificial que medie nuestro acceso cotidiano al conocimiento.
