Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho, Michoacán, asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre de este año. Ubaldo Vidales era un joven sicario del CJNG.
¿Podemos sólo culpar al crimen organizado por hacer añicos el tejido social “con su insaciable codicia y permanente maldad” para reclutarlo? O, también podemos responsabilizar a los gobiernos, federal y estatales, por la ausencia de políticas públicas eficaces que dejaron a Víctor Manuel, como un joven marginal más, en una condición de vulnerabilidad social -con poco o ningún acceso a la educación y al empleo con salarios dignos y justos- y expuestos, además, a una invisibilidad social -con un sentido de identidad comunitaria y personal marcada por la exclusión- respecto a las autoridades -que los criminaliza- y al resto de la sociedad -que los ignora.
La mayor responsabilidad la tienen los gobiernos, federal y estatales, por su abandono sistemático -más allá de la retórica demagógica- del joven marginal. O, ¿cómo explicar que entre 2015 y 2025, de 145 mil a 500 mil jóvenes mexicanos fueron reclutados por el crimen organizado?
Un diagnóstico realizado en 2023 por la revista “Science” apunta que “el narco (era) el quinto empleador de México, porque ocupaba entre 160 mil y 185 mil personas” (con una tasa de reclutamiento) “de 350 personas cada semana” para reemplazar las pérdidas de 200 empleados en ese período de tiempo.
Este modelo preciso “no recoge el número de policías, militares, políticos y otros funcionarios en nómina de los cárteles”.
¿Para qué han servido los jóvenes marginales a los gobiernos y a los partidos políticos? Para ser carne de cañón electoral. No más.
Con este gobierno morenista, ¿cuál ha sido la utilidad de las becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, la Benito Juárez y la “Jóvenes Construyendo el Futuro”, por ejemplo? Para ganar elecciones y nutrir el ejército electoral -presente y futuro- de Morena. Nada más.
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