Los esfuerzos existentes: Sería injusto afirmar que el gobierno estatal carece de programas preventivos.
En 2026, la Fiscalía, las secretarías de Salud y Educación y el Poder Judicial suscribieron un acuerdo para poner en marcha el programa Impulsores de Paz, orientado a la mediación de conflictos escolares.
Ese mismo año, el DIF, las dependencias de Salud, Educación, Seguridad Pública, Cultura y Deporte, así como la Fiscalía y el ICOJUVE, lanzaron el programa Vive Libre Sin Drogas.
La Fiscalía también desarrolla, de manera interinstitucional, programas como Constructores de Paz, en entornos escolares, y Aplícate, dirigido a reducir la reincidencia y los factores de riesgo vinculados al consumo de sustancias.
Por su parte, INSPIRA Coahuila colabora con el DIF, la Fiscalía, las secretarías de Salud y Educación y el ICOJUVE en acciones para prevenir la violencia y fortalecer la salud mental, que pueden contribuir a la prevención social del delito.
El problema: La política preventiva estatal funciona con la lógica del escopetazo: lanza los programas citados en múltiples direcciones, con la expectativa de que alguno alcance el objetivo por un mero cálculo de probabilidades.
El resultado queda demasiado sujeto al azar.
Cierto. Existen vínculos formales entre algunos programas e instituciones. Sin embargo, esos vínculos no bastan para conformar una política pública integral, con resultados medibles y atención prioritaria a las zonas de mayor riesgo.
El problema comienza con la falta de una identificación conjunta de los riesgos y de los territorios donde urge intervenir.
Continúa con la ausencia de una acción coordinada que defina responsables, presupuesto, calendario y cobertura para cada zona. Se agrava cuando la atención carece de continuidad.
A ello se suma la falta de indicadores compartidos para medir los tiempos de atención, la continuidad de los tratamientos, la evolución de los riesgos y el impacto.
Sin esa información, tampoco hay una rendición pública de cuentas que permita conocer los resultados periódicos por territorio y evaluar qué funciona.
La propuesta: Sin una política de prevención que reúna estas características, el modelo estatal de seguridad pública sigue siendo débil, por más reconocimiento nacional y local que reciba.
A Manolo Jiménez le restan tres años como gobernador para construir una política de prevención integral, focalizada y medible, capaz de nutrir y fortalecer el modelo estatal de seguridad pública.
Esa decisión daría una nueva dimensión a su aportación a Coahuila y al país.
