El hecho: El pasado jueves 1 de octubre, por la mañana, dos hermanos gemelos de 18 años, exalumnos de la Escuela Secundaria General del Ejido Unión, ingresaron al plantel y agredieron a docentes y estudiantes con machetes y explosivos caseros.
La subdirectora, Edith Nevarez González, falleció. Dos docentes, Ricardo Quintana y Gerardo Villarreal, resultaron lesionados; Quintana continúa en estado delicado. Romina, de 17 años, permanece estable. Alexis, estudiante de primer grado, perdió una mano y está grave.
La ironía: En el Ejido Unión ocurrió un acto de violencia brutal que puso de manifiesto la desunión entre las dimensiones preventiva y punitiva del modelo estatal de seguridad pública. Ambas deberían caminar juntas.
Sin embargo, mientras el modelo privilegia la contención policial del crimen organizado y responde con eficacia a su asedio constante, desatiende condiciones sociales y comunitarias que generan daños cada vez mayores.
Contiene el retorno del crimen organizado, pero no reduce los riesgos asociados al consumo de drogas —en particular, anfetaminas y cristal—, a los anexos clandestinos y a la violencia familiar y entre vecinos en comunidades populares y rurales.
Además, la protección llega de manera desigual a estas comunidades, cuyas posibilidades de ser escuchadas y recibir ayuda antes, durante o después de una crisis son menores.
Así, bajan las estadísticas de ciertos delitos y mejora la percepción de seguridad, mientras otros daños cotidianos permanecen ocultos hasta estallar de manera inimaginable.
Lo ocurrido en la secundaria del Ejido Unión es un doloroso recordatorio.
Por eso, la tragedia deja una pregunta sin respuesta: ¿qué posibilidades tenían las familias, la escuela y los servicios públicos de identificar los riesgos y obtener ayuda antes de la agresión?
(Continuará).
