Este miércoles 21 de octubre, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot), Lyzbeth Robles Gutiérrez, comparecerá ante el Congreso del estado como parte de la revisión del cuarto informe de gobierno. Sin duda es una gran oportunidad para enterarnos cuánto ha avanzado el sistema de transporte público, para quiénes ha mejorado y quiénes siguen pagando los costos de sus deficiencias.
En la Zona Metropolitana de Pachuca, la movilidad es parte de un conflicto cotidiano. La ciudad y las zonas habitaciones crecen, las distancias se amplían y las actividades económicas, educativas y de cuidados se distribuyen en un territorio cada vez más complejo. Sin embargo, la posibilidad de movernos sigue dependiendodel lugar donde vivimos, de nuestros ingresos y de nuestras condiciones físicas.
Para algunas personas, trasladarse significa elegir entre distintas alternativas disponibles; para otras, implica organizar el día alrededor de una sola ruta, salir con anticipación para compensar los tiempos de espera, hacer transbordos o destinar una parte considerable de sus ingresos a llegar a su destino.
Por ello, más allá del balance administrativo que se presente, creo que la pregunta que debería orientar la evaluación de su gestión es: ¿qué tan cerca o lejos estamos de garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, accesible y digna?
Ya sabemos que las rutas del transporte no siempre responden a las necesidades de la población; las unidades circulando no siempre brindan calidad del servicio; la atención no siempre esta contemplada para quienes viven con discapacidad, maternan o son personas adultas mayores. Vaya, que un sistema puede transportar a miles de personas por día, pero en condiciones que reafirmen las desigualdades en la distribución del tiempo y del dinero.
Este miércoles, sigamos de cerca la comparecencia de la titular de la Semot y las respuestas que se ofrezcan sobre los desafíos de la movilidad en Hidalgo. Como ciudadanía, tenemos derecho a conocer, cuestionar y evaluar las decisiones públicas que afectan nuestros traslados cotidianos y que la movilidad sea digna para toda la población.
