La iniciativa de reforma de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, de Residuos y la LGEEPA enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión a finales del pasado mes de marzo, busca acabar con una de las páginas más negras de la historia reciente de México: la de la imposición de un extractivismo desbocado a partir del cual, en los pasados 30 años, se extrajeron del país tres veces más oro que durante los 300 años del periodo colonial.
En los pasados 30 años y al amparo de la Ley Minera cientos de comunidades han sido privadas de sus tierras y sus aguas, se han sobreexplotado acuíferos en condiciones de estrés hídrico, millones de litros de agua han sido contaminados con metales pesados y cianuro; como consecuencia, cientos de personas han adquirido cáncer, enfermedades renales, en tanto que niños padecen alteraciones del desarrollo. En el marco de Ley Minera salinista, mucho de este despojo y destrucción son considerados legales, y las tragedias recurrentes que afectan desmedidamente a comunidades y grupos vulnerables son invisibilizadas por las cortes, los legisladores y la opinión pública.
El agresivo discurso de las corporaciones mineras contra la iniciativa pasa por alto las barbaridades presentes en la Ley Minera salinista, que la nueva iniciativa busca revertir: que el conjunto del territorio sea definido como “libre para la minería” y la minería se considere actividad preferente; que la mayor parte de los enormes volúmenes de agua que las mineras consumen ni se contabilicen ni se pague, aun cuando con esto se afecte el derecho humano al agua como hoy sucede en Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca. Se trata de un marco legal con el que las concesiones puedan prolongarse hasta por un siglo, en el que las tierras se expropian en favor de las empresas, y que permite la existencia de concesiones mineras en 74 Áreas Naturales Protegidas federales y en los mares mexicanos.
Este marco legal, vigente todavía, viola derechos constitucionales y convencionales como el derecho humano al agua, al medio ambiente sano y al consentimiento previo, libre e informado.
No es de extrañar que la Ley Minera vigente haya hecho del país uno de los destinos más atractivos para la inversión minera, y que haya permitido una enorme acumulación de riqueza, gran parte de la cual no permanece en el país, genera ínfimos ingresos fiscales, empleo limitado y ninguna contribución al desarrollo o a la superación de la pobreza.
Los críticos a la iniciativa afirman con ligereza que la reducción del plazo de las concesiones de 50 a 15 años las hace inviables, técnicamente cuando en el resto de los países latinoamericanos e incluso en países grandes productores mineros como Sudáfrica y Australia las concesiones no rebasan el plazo de 25 años. Otros opinadores han fantaseado en que limitar la minería terrestre empujará esta actividad a los océanos, cuando al amparo de la Ley vigente existen hoy grandes concesiones en el Pacífico mexicano, mismas que la iniciativa prohíbe.
Con la iniciativa no se pretende, como también se vocifera, acabar con la actividad minera en el país, sino regularla, dando fin a la generación de riqueza a partir del despojo de los pueblos, la ruptura del tejido social y la violencia, la destrucción ambiental desmesurada, los daños irreparables a la salud pública y la irresponsabilidad empresarial legitimada. Hoy los legisladores tienen la palabra.
