En abril 2022 se aprobaron cambios en la Ley General de Salud en materia de salud mental, que por fin contemplaron las críticas y algunas de las aportaciones que fueron planteadas durante años por parte de los colectivos de personas con discapacidad psicosocial.
Sin embargo, sólo 17 de las 32 entidades federativas han cumplido con el proceso de armonización de esta ley.
Al desinterés por parte de los congresos locales, hay que sumar que el presupuesto gubernamental para el 2023 tampoco destinó recursos adicionales para una eficaz implementación de la normativa.
También queda en el tintero la falta de una explicación sobre qué pasará con los pacientes que actualmente se encuentran internados en los hospitales psiquiátricos del país.
Antes de cualquier cambio, se tuvo que haber evaluado las redes de apoyo con las que disponían las personas en esta condición, ya que por lo general son abandonadas por sus familias o no disponen de los recursos suficientes para sus tratamientos.
Dudas hay muchas. Por ejemplo, ¿cómo se van a concretar de forma gradual y progresiva las reformas?, ¿cómo se capacitarán a los especialistas en la materia, desde un enfoque de respeto a los derechos humanos?
Lo anterior ante un cambio de paradigma en el cuidado de la salud mental, que por años ha considerado el aislamiento de pacientes como parte de su atención.
Por supuesto que no está a discusión la relevancia de reconocer a las personas con discapacidad psicosocial como sujetos plenos de derechos, ni la importancia de la transformación de los servicios de salud mental para que se tenga un respeto pleno a los mismos.
Sin embargo, a meses de la aprobación de esta ley, no podemos dejar de lado que dadas las condiciones adversas de la realidad social, ambiental y económica, es de “locos” no atender el problema de la salud mental como un asunto de interés público; monitoreado por la ciudadanía y sobre todo, considerado con seriedad por las y los tomadores de decisión.
