De las 20 propuestas de reforma constitucional que mandó López Obrador al Congreso, pocas tienen chance de ser aprobadas por la mayoría calificada que se requiere. ¿Por qué las envió entonces? Porque sirven de posicionamiento político de cara a las próximas elecciones y le permiten extender su agenda más allá de su sexenio.
Algunas de las iniciativas, como la de elegir jueces y ministros por voto popular, son peligrosas. Otras, como la de prohibir el comercio de vapeadores, parecen fuera de lugar; sin embargo, hay una en particular que ha llamado más la atención desde que se mencionó la idea hace cerca de un mes: la de aumentar el monto de la jubilación a ciento por ciento del último salario.
Como suele ser su estilo, López Obrador ha hecho pronunciamientos incendiarios al respecto. Arremetió contra la reforma pensionaria de Ernesto Zedillo de 1997 (la cual estableció el sistema de Afores), calificándola como “uno de los mayores atropellos a la seguridad social”, y contra la de Calderón de 2007, descartándola como “una nueva transgresión a los derechos laborales”. Afirmó que su propuesta era “revertir [dichas reformas]… porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Issste, pues les impiden jubilarse con ciento por ciento de su salario”.
Ante estás declaraciones, parecería que el sistema de Afores, basado en cuentas individuales para el retiro, estuviera en riesgo, pero no, la realidad es que las acciones del Presidente, en lugar de mermarlo, lo han fortalecido. De hecho, su reforma pensionaria de 2020 construyó sobre las bases que sentó Zedillo para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores privados. Gracias a dicha reforma (en mi opinión una de las más importantes del sexenio), los trabajadores privados podrán jubilarse con cerca de 70% de último salario, una tasa de reemplazo mucho mayor al promedio de los países que conforman la OCDE y similar a la del famoso Dinamarca.
Ahora, con su nueva reforma, López Obrador le quiere dar otro empujón a las pensiones. Lo cierto es que su meta de llegar a una jubilación con ciento por ciento del último salario ya es una realidad para quienes ganan cerca del salario mínimo a raíz de su reforma de 2020 y de sus políticas sociales. La pensión mínima garantizada, sumada a la pensión universal para adultos mayores, permite que esto suceda.
Conseguir que todos los trabajadores, y no solo los que ganan menos, obtengan una tasa de reemplazo de ciento por ciento es fiscalmente inviable. El gobierno no tiene el dinero suficiente para lograrlo. El fondo semilla de cerca de 65 mil millones de pesos que creará el Presidente para financiar su nueva iniciativa y “reparar el daño a los trabajadores” de las reformas neoliberales, además de no estar clara su fuente, está lejos de resolver el problema.
Pero no importa. Lo relevante es que, pese a la retórica de López Obrador, el sistema de afores parece no solo estar a salvo (al menos por el momento) sino más sólido que nunca gracias a sus acciones.
