En la globalización, el dominio imperial ya no se realiza normalmente mediante el control militar, aunque la diplomacia nuclear está siempre amenazante como espada de Damocles, porque ahora este dominio es realizado por las grandes corporaciones que, como modernos piratas, en lugar de bergantín traen su laptop y disparan cañonazos de dólares y usan a algunos jueces de consigna para legitimarse, pues el poder judicial contralegisla ocasionando que las leyes que aprueban los diputados puedan ser simplemente desechadas.
Es el caso de la nueva ley eléctrica, que pretende devolver el control estratégico de este sector a la nación, pero que desplaza los intereses comerciales y de dominio energético de extranjeros y pretenden dictar la política económica mexicana por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo
Por su parte, PAN, PRI, MC Y PRD, anunciaron que interpondrán acción de inconstitucionalidad contra la ley eléctrica, como siempre defendiendo a los extranjeros.
El mero machuchón de la mayor compañía eléctrica de España, amenaza con un aluvión de demandas contra la nueva ley, tratando de evitar que afecte a su negocio preexistente y futuro, pues a ellos lo que les importa es defender el interés de sus accionistas, como lo dijo en una entrevista el consejero delegado de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán. Es decir, México les vale.
El Presidente López Obrador, al respecto, envió una carta a la SCJN, denunciando la suspensión de la reforma energética mediante el argumento de que impide la libre competencia y porque afecta el derecho a un medio ambiente saludable. El Presidente pide en su carta que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Pablo Gómez Fierro.
Las compañías extranjeras alegan que la nueva ley ha generado un rechazo entre inversores y partidos opositores porque atenta contra la libre competencia y viola tratados internacionales y da la posibilidad a la CFE de despachar primero la electricidad al sistema, además la exime de comprar energía eléctrica a través de subastas y le permite revisar contratos leoninos, así como revocar permisos de autoabasto simulado, todo lo cual debería poderse hacer y ahora nuestro país deberá defender en tribunales la contralegislación judical, que defiende intereses extranjeros en contra de la nación, desafiando la voluntad de la representación legislativa del pueblo de México.
Julio César Vega
