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Jueves , 18.04.2019 / 18:07 Hoy

Sociedad y derechos humanos

Guardia nacional contra inseguridad nacional

Julián Germán Molina Carrillo

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Fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando la descomposición social se acentuó, evidenciando altos niveles de inseguridad pública, y en un intento por legitimar su mandato, sacó al ejército de sus cuarteles para asignarle tareas de seguridad pública, militarizando varios estados del país.

Con Peña Nieto, los actos de violencia llegaron a niveles impensados en nuestro país y su estrategia para enfrentarla fue, la Gendarmería Nacional, un proyecto que creaba un cuerpo civil con instrucción militar para combatir el narcotráfico, asumiendo funciones de seguridad pública y de esa forma retornar a sus cuarteles a las fuerzas armadas. Inicialmente se planteó integrar alrededor de 40 mil agentes que paulatinamente desplazarían a las fuerzas armadas. La cantidad de gendarmes no superó los 10 mil debido a los altos requisitos de ingreso.

Dicha estrategia tenía como proyecto base la Gendarmería Nacional y la Ley de Seguridad Interior; retomando la experiencia y los antecedentes de gendarmerías que operan en diferentes países.

La Ley de Seguridad Interior, intentó regular las acciones de las autoridades federales y locales para intervenir en un estado o municipio ante una amenaza específica que pusiera en riesgo al país.

La LSI fue cuestionada por amplios sectores de la sociedad, fundamentándose en que la misma, atentaba contra los derechos humanos, y seguía existiendo el peligro de militarizar al país, aunado a que podría vulnerar el derecho de manifestación, por lo que se promovieron diferentes controversias y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante ésta apremiante problemática, la administración de Andrés Manuel López Obrador, reconoció a la inseguridad como una de las principales preocupaciones y amenazas al Estado, planteando para enfrentarla el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, donde se reconoce la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, que hace imposible la consecución del bienestar y la justicia; aspectos sin los cuales no puede conseguirse la paz social.

Por lo anterior propuso ocho ejes de actuación: 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. 2. Garantizar empleo, educación y bienestar. 3. Pleno respeto y promoción de los derechos humanos. 4. Regeneración de la ética social. 5. Reformular el combate a las drogas. 6. Emprender la construcción de la paz. 7. Recuperación y dignificación de las cárceles. 8. Seguridad pública, seguridad nacional y paz. Donde la creación de la Guardia Nacional se inscribe en el octavo eje, sobre seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Proyecto que ha visto la luz con la declaratoria de constitucionalidad emitida por las dos cámaras del Congreso de la Unión el pasado jueves 14 de marzo, la cual permite integrar la Guardia Nacional y dar a las fuerzas armadas el marco para participar en tareas de seguridad pública.

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