Cristina Gómez Álvarez ha realizado una muy seria y acuciosa investigación sobre un tema que intitula “Bibliotecas particulares en una época revolucionaria / Nueva España, 1750-1819”. Interesante que ahí se mencione que pertenecieron, algunas de esas bibliotecas, a finados hombres de Carlos III, Rey de España (el “Político”) y que todas fueron trasladadas de Vizcaya hacia el Puerto de Veracruz para que de ahí pasaran a rumbos disímiles.
El lector que pretenda asomarse a las páginas de “La circulación de las ideas” lo encuentra en la edición de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Trama, Editorial.es, México, 2018.
La investigadora, como se puede ver, da cuenta de una temática inédita e imaginativa al mismo tiempo. El espacio coarta la posibilidad de dar cuenta de todas las bibliotecas particulares que se mencionan y la identidad de sus propietarios.
Trataré entonces de atar los cabos históricos que circulan, en efecto, en las ideas: los años delimitados corresponden a los últimos del periodo conocido como colonial. El libro como tal había tendido ya un auge indiscutible en Europa.
¿Quiénes fueron los hombre de Carlos III y que preferencias tenían por la lectura? Recuérdese también que con la invención de la imprenta quedaba atrás el oficio del copista y se daba la masificación del aprendizaje, muy a pesar de que seguía siendo sólo para unos cuántos afortunados: gente que ingresaba a las primeras universidades o a la vida conventual.
La fuente de la investigación de Cristina Gómez Álvarez, lo dice en las páginas iníciales citando a Roger Chartier, son “los inventarios por fallecimientos”. También se afirma que de muchas bibliotecas se extraviaron títulos y otras más (debido a la dificultad de trasladarlas) se quedaron en el Puerto de Veracruz. Es decir: en “La circulación de las ideas” hay datos muy claros (ahí aparecen las fuentes) y se aclaran sus límites.
En los apéndices se hallan los grupos principales que llegaron (hubo por igual retrasos) a la Nueva España --los asignados provistos-- enviados a ocupar diferentes cargos: los civiles, eclesiásticos y militares. De acuerdo al rango --en los archivos-- se da a conocer un registro de obras históricas, de derecho, diccionarios y literarias.
Los provistos debían registrar los libros que ingresaban pero la inquisición censuró muchos títulos porque para ellos eran peligrosos. Los funcionarios de Carlos III mantenían, como es de suponerse, un particular interés por la historia. Novedosa y estimulante la investigación de Cristina Gómez Álvarez, recomendable su lectura, sobre para todo a los interesados en los inventarios del libro novohispano.
