A buen entendedor, pocas palabras: la fotografía en donde aparecen Américo Villarreal Anaya y Santiago Nieto Castillo, junto a David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, anticipa que ningún acto de corrupción del gobierno cabecista quedará impune.
En este sentido, destaca el expediente del nuevo Hospital General de Ciudad Madero, en donde las secretarías de Salud y de Obras Públicas, tendrán que rendir cuentas sobre las fallas estructurales que presenta esta construcción, que la hacen inhabitable.
Una obra que fue observada por la ASF, en la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.
“Los 5,776 bienes adquiridos por un monto total de 297,502.2 miles de pesos para el Hospital General de Ciudad Madero, se encuentran ociosos, toda vez que están bajo resguardo de los proveedores, según las actas de entrega recepción formalizadas con Servicios de Salud y los proveedores, ya que la obra aún no se ha concluido” (p.115).
Finalmente, la obra está terminada, pero presenta fallas estructurales que obligan a derribar el hospital y volverlo a construir, como única solución para evitar que colapse y ponga en peligro la vida del personal y pacientes.
¿Descuido o corrupción? No lo sabemos, lo cierto es que, esta situación trae irascible al gobernador García Cabeza de Vaca y confrontadas a Cecilia del Alto López y Gloria Molina Gamboa.
La situación es alarmante a tal grado, que hace unas semanas se reunieron en Palacio de Gobierno Jorge Espino Ascanio, Irving Barrios Mojica, Carmen Zepeda Huerta, Gerardo Peña Flores y las involucradas, buscando salida al monumental gazapo del gobierno cabecista.
“No se cae”, asegura con desparpajo Reynaldo Garza Gómez, el influyente “Rey”, quien pinta para ser el chivo expiatorio de esta trama, en su calidad de Subsecretario de Proyectos y Licitaciones, según los asistentes al cónclave.
Así, el Hospital de Madero se perfila como la obra emblemática que Américo Villarreal Anaya aprovechará, para anunciar que su gobierno no permitirá que los actos de corrupción queden sin consecuencias.
Quien la hizo, tendrá que pagar.
