Tiene razón la próxima presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, electa por más de 207 mil votos, Tania Contreras López, al afirmar que, la violencia contra la mujer no se detiene, porque quienes la cometen no lo aceptan, la invisibilizan y desvirtúan la realidad.
Los victimarios se lanzan envueltos en la bandera de la censura a la libertad de expresión, buscando ser las víctimas, cuando la autoridad administrativa y jurisdiccional local, han resuelto que se trata de violencia política en razón de género, dictando las medidas cautelares contempladas por la ley.
No se trata de censura, sino de hacerse responsables de sus actos, señala Contreras López en su legítima defensa, agregando que, a partir de una falsa historia contada por un medio de comunicación digital, el PAN orquestó una campaña mediática con periodistas afines, buscando tirar su candidatura al Poder Judicial.
Incluso, todavía la semana pasada leí expresiones de “solidaridad”, suscritas por articulistas hombres y ¡mujeres! que, sin leer una sola hoja del caso, se ponen las gafas del patriarcado para gritar censura y denostar a la autoridad electoral tamaulipeca, en donde a todas luces hay VPG.
La fallida narrativa en contra de Tania, no está elaborada con base a la crítica de su destacada trayectoria en el servicio público (sería censura evitarlo), sino a partir de mentiras y calumnias para descalificarla, construidas sobre una relación familiar y sin aportar un solo dato (violencia de género).
Basta observar que, desde 2007 en que se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero sobre todo a partir de las reformas de 2020, el periodismo debió ajustar su mira, para que la libertad de expresión empatizara con el nuevo paradigma que se tutela.
Que el 13 de abril de 2020, incorporó a esta ley la violencia política contra la mujer en razón de género, y el uno de junio de 2021, la violencia mediática y digital, sin que nadie argumentara censura.
Hoy, cual debe de ser, los medios de comunicación involucrados litigan en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, hasta que el Pleno de la Sala Superior dicte la última palabra, al final de la cadena impugnativa.
Mientras tanto, se deben cumplir las medidas cautelares.
