Más allá del malestar presidencial que provocó la información generada por la Auditoría Superior de la Federación, la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 contiene indicadores que permiten evaluar el manejo de los recursos públicos por parte de los gobiernos subnacionales.
La tercera entrega a la Cámara de Diputados de los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2019 atiende la obligación dispuesta por los artículos 74 de la Carta Magna, 35 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Contienen una matriz de datos básicos, un informe ejecutivo y los informes individuales clasificados en cuatro temas: gobierno, desarrollo económico, desarrollo social y gasto federalizado.
En este último apartado encontramos dos indicadores de gran relevancia, que permiten apreciar la calidad de los gobiernos estatales, en la gestión de los recursos provenientes de la Federación.
Me refiero al Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, que se elabora con el monto de las observaciones realizadas por la ASF, el nivel de su ejercicio, la rendición de cuentas a la SHCP y su distribución oportuna entre los municipios de la entidad.
El Gobierno de Tamaulipas obtuvo un índice de 94.6 puntos, colocándose entre los primeros 10 lugares del ranking y por arriba del promedio nacional que fue de 91.1.
Durante los últimos tres años del gobierno de Egidio Torre Cantú, este índice fue de 71.8, 82.0 y 79.8, mientras que en la primera mitad del sexenio actual alcanzó 75.7, 75.7 y 94.6, para un crecimiento de 18.9 puntos entre 2017 y 2019, reflejando el apretón de tuercas que el mandatario tamaulipeco hizo en la Contraloría Gubernamental para mejorar el ejercicio del gasto público.
El otro indicador se refiere al valor del monto observado por la ASF, cuando detecta irregularidades en el gasto auditado.
El Gobierno de Tamaulipas puntea entre los montos más bajos del país, con apenas 0.1%, inferior al promedio nacional de 4.9% y con una notable mejoría de 6.4 puntos entre 2017 y 2019.
Son indicadores que legitiman y solventan a la acción gubernamental, sobre todo en episodios de turbulencia política como el actual.
