Bien dicen que no hay dinero que alcance cuando se administra mal o cuando se pretende resolver todo con más deuda. La máxima aplica en cualquier economía, pero en la pública resulta aún más preocupante y reveladora.
Mientras se desarrolla la tradicional discusión del Presupuesto 2026 para Nuevo León entre el Ejecutivo estatal y el Congreso, lo único claro es la evidencia de una falta de negociación, la escasa transparencia de los proyectos y la desconfianza en los acuerdos con terceros.
Desde el primer Presupuesto que le correspondió proponer al gobernador Samuel García, el de 2022, con un Congreso abiertamente adverso, quedó de manifiesto la carencia de tacto político para negociar en su primer año como administrador estatal. A ese desencuentro le siguieron otros dos años de confrontación que escalaron hasta la judicialización, entrampando al estado en un ring de poder a poder.
No fue sino hasta el arranque de 2025 cuando, tras ceder el control de la Fiscalía estatal se logró una autorización de presupuesto a modo. Ahora la pregunta es inevitable: ¿Cuál será la moneda de cambio para el Presupuesto 2026? La respuesta parece simple: los recursos que permitan a los municipios y a ciertos grupos políticos maniobrar con miras a las campañas preelectorales de 2027.
Eso sí, si algo debe reconocerse al gobernador es que logró unificar al sector empresarial, aunque en su contra. Como pocas veces se ha visto, las cámaras industriales rechazaron el aumento propuesto al Impuesto sobre Nóminas y cuestionaron abiertamente por qué los empresarios tendrían que financiar “caprichos”, como un parque acuático con un costo superior a los mil 500 millones de pesos, cuando existen necesidades estructurales como mejores vialidades, transporte público eficiente o sistemas de drenaje.
¿Para cuántos kilómetros de pavimentación de primera, cuántos kilómetros de drenaje o cuántas unidades modernas de transporte alcanzaría una inversión de ese tamaño?
La incongruencia se agrava si se considera que contando con un parque natural de paisajes ampliamente reconocidos como La Huasteca, no exista siquiera una propuesta para rehabilitar los caminos destruidos por la tormenta Alberto desde 2024. El argumento oficial ha sido que se trata de una responsabilidad federal y del municipio de Santa Catarina, pese a que a inicios del presente año, meses después del desastre, se anunciaron apoyos estatales.
La intención duró poco. Cuando el alcalde Jesús Nava decidió cambiar de filiación política, el respaldo estatal se diluyó. En lo que muchos interpretan como una revancha política, el gobernador optó por lavarse las manos y dejar en el abandono uno de los principales atractivos turísticos de Nuevo León.
Con este panorama, cabe preguntarse cómo pretenden el Ejecutivo estatal, los alcaldes y los diputados convencer a la ciudadanía de que serán gobiernos que velen por los intereses sociales. Mientras la discusión presupuestal siga basada en ocurrencias, ajustes políticos y una alarmante falta de transparencia, la respuesta parece clara: no hay manera.
