Juan vive en el Centro de Monterrey y todos los días, muy temprano, acompaña a su hija hasta el camión que la lleva a la escuela. Lo hace por precaución: a dos casas de la suya, un joven pernocta de manera permanente, apropiándose de la banqueta y alterando la tranquilidad de varios vecinos, quienes observan con temor e incomodidad la acumulación de basura que genera. Pocos saben cómo se llama o de dónde viene, pero ahí está.
Nadie quiere verlos hasta que la marginación social se vuelve inevitable. En un reportaje exhaustivo, mi compañera periodista Sandra González visibiliza el problema de la indigencia, una realidad a la que nos hemos acostumbrado y que se ha agravado por la migración y la apatía de las autoridades. Es evidente que no existe una intención real por atender las causas que llevan a muchas personas a hacer de la calle su hogar. No se les reconoce como personas, sino como problemas de seguridad, de insalubridad o de imagen urbana, sin protocolos eficaces de atención y acompañamiento.
Basta un temporal de frío para que reciban una cobija, un pan y una bebida caliente, aunque horas después algunos amanezcan sin vida por hipotermia o por complicaciones en su salud. Los socorristas dirán que poco pueden hacer si los indigentes —en su mayoría hombres— deciden no aceptar el traslado a un albergue. Y es cierto: no saben cómo convencerlos ni cómo salvarlos.
La indigencia es visible para todos, la padecen muchos y la atienden muy pocos. Etiquetados como enfermos mentales, alcohólicos, intoxicados o emocionalmente inestables, la atención profesional debería estar claramente definida. Sin embargo, no existe una verdadera intención, ni los espacios adecuados para una atención integral en salud mental y adicciones.
Se habla de la posible creación de albergues coordinados por autoridades de los tres niveles de Gobierno, pero no hay un plan claro ni recursos asignados. Un proyecto dudoso, salvo que por la imagen de la ciudad o por pudor ante los visitantes mundialistas, se destine un presupuesto extraordinario. Aun así, la duda persiste.
Lo más probable es que se recurra nuevamente al operativo Rastrillo, aplicado por la Policía, que consiste en levantar a estas personas y trasladarlas de manera temporal a celdas municipales, como si la pobreza fuera un delito o una falta administrativa. Mientras tanto, Juan seguirá acompañando a su hija a tomar el camión, con el mismo temor de cada mañana.
