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Viernes , 19.04.2019 / 19:58 Hoy

De paso

La corrupción presidencial/ y II

José Luis Reyna

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La semana pasada se argumentó que la corrupción política es castigada en muchos países, pero en otros queda totalmente impune: México como un ejemplo conspicuo. La corrupción presidencial requiere de un andamiaje de complicidad. Es una condición necesaria “para llevarla a buen puerto”. En Guatemala, el ex mandatario Pérez Molina (en la cárcel), su ex vicepresidenta y algunos miembros de su gabinete están bajo juicio. Uno de ellos, el ex ministro de Finanzas, se suicidó en el momento de su detención. En Brasil, Lula da Silva ha sido sentenciado, junto con otros políticos, a 12 años de prisión y su sucesora fue destituida.

Perú es otro país cuyo sistema de justicia ha atrapado a ex presidentes corruptos: Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo (prófugo de la justicia) y Ollanta Humala (y su esposa), actualmente en prisión por lavado de activos. El actual presidente de ese país andino, Pedro Pablo Kuczynski estuvo a punto de ser destituido por supuestos vínculos irregulares con la empresa brasileña Odebrecht, la que ha inundado de corrupción a diversos países de América Latina.

La ex presidenta de Argentina (2007-2015), Cristina Kirchner, ha sido procesada por “asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de dinero”. Por el momento no puede salir del país, mientras dure el juicio por los ilícitos mencionados. El primer ministro de Israel, Netanyahu, acusado por la policía de ese país por aceptar “regalos” de más de 100 mil dólares para él y su familia. La investigación policial de ese país duró más de un año para fundamentar la acusación y, en consecuencia, actuar conforme a sus leyes. Jacob Zuma, ahora ex presidente de Sudáfrica, fue destituido también por corrupción.

Lo que se ha expuesto en estas líneas es que en muchos países la corrupción es combatida y, sobre todo, castigada. El Estado de derecho funciona, enjuicia y penaliza a los delincuentes, aunque sean políticos del más alto nivel. En México, en contraste, se conocen las corruptelas pero nada pasa. Hay, por decir lo menos, una gran negligencia de las instituciones que procuran la justicia y que investigan los ilícitos. En una escala que fluctúa de 0 a 10, México obtiene una calificación de 2.9: uno de los países más corruptos del orbe. Sobra hablar de los tantos actos de corrupción de los últimos tres lustros: son decenas. El último escándalo, desatado la semana pasada, puede tener efectos corrosivos en la coyuntura electoral actual. Desde las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano supuestamente se han desviado miles de millones de pesos a destinos distintos de los previamente definidos: un esquema diseñado para fragmentar el dinero y “desaparecerlo”. Así lo asienta una de las pocas instituciones sólidas de este país: la Auditoría Superior de la Federación. La secretaria Robles, titular de esas dos dependencias y el ex secretario de Hacienda Meade, hoy candidato del PRI a la Presidencia, tendrán que rendir cuentas de esas supuestas irregularidades. La corrupción presidencial tiene cómplices. Este escándalo puede ser emblemático y sepultar personajes. Por eso es explicable que el PRI esté hundido en el tercer lugar de la preferencia ciudadana.

jreyna@colmex.mx

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