Ante el significativo repunte del secuestro en el país, el gobierno federal decidió conformar una Coordinación Nacional contra ese delito. El abogado Renato Sales, desde hace unos días, es el zar antisecuestros. Se inaugura la figura institucional para el combate frontal contra ese flagelo. La trayectoria profesional de Sales lo avala, por lo que es esperable (y deseable) que su labor arroje resultados positivos en tiempo breve.
De acuerdo con una encuesta publicada en El Universal (12/II/14), los datos al respecto no pueden ser peores: 66 por ciento de los encuestados (a nivel nacional) consideran ese ilícito como muy grave, 70 por ciento percibe que el problema se ha agravado durante el último año y dos de cada tres (66 por ciento) estiman que la situación empeorará o seguirá igual. Se cometen cinco plagios diarios, sin contar aquellos que no se denuncian. El reto del coordinador Sales es enorme, pues se enfrenta a un mal que está profundamente enraizado a lo largo y ancho del país. No combatir ese delito es mantener una sociedad en la zozobra.
La cifra de plagios puede ser significativamente mayor: no todos se denuncian por la enorme desconfianza de la ciudadanía ante la autoridad. No es novedoso afirmar que un número importante de secuestros muestra una colusión entre la policía y las bandas delincuenciales involucradas. Con el fin de no hablar en términos generales, es pertinente fundamentar la afirmación: valgan algunas cifras para el estado de Morelos. Esta entidad de la federación, vecina de la ciudad capital, ocupa el primer lugar nacional en número de secuestros por cada 100 mil habitantes. Conviene revisar el reportaje de Juan Pablo Becerra-Acosta y Rafael López (MILENIO Diario, 6/II/14) para observar la siniestra fotografía que ambos reporteros han captado de ese estado.
Hace poco llegó, importado desde Tijuana, el nuevo secretario de Seguridad Pública. Fue invitado por el gobernador morelense, atendiendo un currículo exitoso en materia de disminución de la inseguridad en esa ciudad de Baja California. En efecto, esa ciudad fronteriza experimentó una baja significativa de sus niveles delincuenciales durante la gestión del abogado Jesús Alberto Capella. Su gestión recién ha empezado y, por tanto, sería prematuro exigirle resultados inmediatos en la entidad morelense. Habrá que otorgarle el beneficio del tiempo y de la duda.
Sin embargo, para empezar, Capella negó la situación crítica que vive un municipio de Morelos (Yautepec) en el que sus pobladores hablan de 20 secuestros en lo que va del año. Capella, en una entrevista concedida a Becerra-Acosta, afirmó que era una cifra exagerada mientras que el procurador de Justicia de la entidad contestó que tendría que hacerse la investigación correspondiente.
Se ha generalizado una verdad (¿o un mito nacional?) de que todos saben dónde están los delincuentes menos las autoridades. Yautepec, junto con los municipios conurbados de Cuernavaca (Temixco, Cuautla y Jiutepec) conforman una franja donde ha hecho su nido la delincuencia que opera en la entidad. Los niveles delincuenciales de estos municipios son mayores que los del resto que conforman el estado de Morelos. Un caso: Jiutepec. Ocurre a fines del año pasado. Una joven de 14 años es secuestrada y sus captores exigen 100 mil pesos para devolverla con vida a su familia. No fue un levantón al azar. Los plagiarios tenían los datos de la víctima, así como los de su familia, parientes cercanos y amigos. Hacen labor de inteligencia. Los vecinos pueden reconocer que hay gente que vigila los movimientos de los (y las) escolares. Circulan en autos sin placas. Una vez cometido el secuestro, conceden un plazo perentorio para devolver a la joven plagiada a cambio de una cantidad de dinero. La familia reúne, como puede, el dinero exigido. Algunos vecinos llaman a la policía para advertirles de gente extraña merodeando por la colonia. La autoridad llega y los propios uniformados sugieren a quien los ha llamado que mejor no hagan ni digan nada. La amenaza para garantizar la impunidad.
Se paga el rescate. Hay una patrulla municipal cerca del lugar en el momento de la entrega del dinero. La joven víctima regresa a su hogar con vida, pero violada. Y la vida sigue su rumbo. La autoridad hizo nada. Eso implica que el reto de la Coordinación Nacional Antisecuestro es limpiar, entre otras cosas, la estructura policial para poder empezar a tener cierto éxito en su tarea. Mientras exista este contubernio entre autoridad y delincuencia, el secuestro seguirá siendo una epidemia nacional.
